Angustias secas como la sed de yeso.
José Gorostiza
Regresan las intimidaciones y las amenazas contra las rastreadoras. Este jueves 25 mientras activistas del colectivo Sabuesos Guerreras pegaban carteles para visibilizar a sus familiares desaparecidos en la Plazuela de La Palma Villa Ángel Flores, hombres armados que se transportaban en dos camionetas les pitaron y aceleraron sus motores con el fin de intimidarlas y que abandonaran su actividad y el lugar. Poco les importó que llevaran acompañamiento de agentes de policía.
El grupo de buscadoras se aglutinó para protegerse, mientras los agentes de policía solicitaban refuerzos. Al parecer estos llegaron pronto, en tanto las rastreadoras pedían refugio a una familia del lugar. En esa casa les dieron protección en espera del auxilio policial. Llegado éste abandonaron la tierra del general Ángel Flores rumbo a Culiacán. Dos cosas tomaron espacio y atención durante el trayecto a la capital sinaloense: la mala experiencia no tan añeja en las inmediaciones de La Higuerita en la que con una fuerte balacera les anunciaron que no las querían por allí haciendo labores de búsqueda.
También regresaron las entrañables imágenes de Sandra Luz Hernández y de Rosario Lilián Rodríguez, asesinadas durante actividades de localización de sus hijos. Hay un terrible pensamiento que se ha vuelto sombra inseparable para estas madres: la posibilidad, tan real y palpable, como la desaparición de sus seres queridos. La decisión de buscar en vida o muertos a sus «tesoros», como ellas los llaman, en medio de una inexplicable impunidad para los autores del crimen de lesa humanidad, implica un inminente riesgo para su seguridad. De sobra lo hemos comprobado.
Hicieron bien en encaminar sus pasos y su indignación hacia las instalaciones de la Vicefiscalía de la Zona Centro. Esperemos que así como las corporaciones de policía respondieron al llamado en tiempo y forma, la Fiscalía General del Estado haga lo que le corresponde y que esta preocupante situación no quede como un caso más en el mar de la impunidad. Y del que traeríamos a la memoria cuando otra situación similar nos obligue al recuento de los daños.
Los hechos mencionados nos remiten a reflexionar qué mecanismo puede establecerse, además de la natural atención visual y auditiva de lo que sucede alrededor de nosotros, para ofrecer el apoyo que demandan estas sacrificadas madres en situaciones como la que comentamos; también la iniciativa ciudadana debe encaminarse a exigir que el trabajo de la Fiscalía no busque la oportunidad de que otros casos nuevos, tan graves como los anteriores, simplemente anclen la atención pública en lo reciente y lo demás se vea como algo que puede mal descansar en el arcón de las cosas injustas, aunque duelan, pero donde la presión social camina con pie hispiado.
Dos cosas nos envuelven ya en una espiral sin fin, en un laberinto al que no se le ve salida por ninguna arista. La acumulación de casos planteados sin resolver. Y no me refiero sólo a las denuncias sobre desapariciones forzadas que se han acumulado, entra en ellas los restos humanos encontrados a cielo abierto o en fosas y que no se han compulsado con el banco de datos de ADN nacional, y que esperan en Sinaloa por los panteones ministeriales, con el fin de que tengan un trato más humanitario a esos ciudadanos muertos y sin nombre, mientras el complicado y lento trabajo de identificación los lleva al reencuentro con la familia que los busca.
La otra cosa es la inexplicable ausencia de una política pública que se proponga poner fin a la práctica de la desaparición forzada. Que no diga el Estado mexicano que no se puede. Ya lo hemos dicho: Países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que sufrieron dictaduras militares, no sólo eliminaron esos gobiernos autoritarios y practicantes de la desaparición de sus opositores, terminaron con el infame fenómeno de la desaparición forzada. Es cierto que todos los países de América Latina que padecieron la desaparición de personas tuvieron el mismo maestro: las agencias de espionajes norteamericanas, pero el único país que sigue con esta inhumana práctica es México.
En los años setenta nos indignábamos al saber de algunos centenares de personas que agencias especializadas en la delictiva tarea de desaparecer seres humanos como la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca y otros nefastos grupos, ahora la temida desaparición de hombres y mujeres es exponencial. El dolor se ha multiplicado en todos los rincones de México, pues el número de familias que lamentan la desaparición de un ser querido, alcanza ya las 110 mil en el territorio nacional. El dolor es de todos. Asumámoslo así. Y reclamemos ante los tres poderes del Estado la responsabilidad que les corresponde en esta materia. Su tarea es detener la infame práctica de la desaparición forzada. Vale.
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