Cuando entre el mal y el castigo se establezca una relación de causa efecto, la mayoría de nosotros lo evitaremos.
Rosario Castellanos
Perdón Luis Enrique Ramírez por no cuidarte a tiempo y por no comprometer a la cicatera justicia en tu caso. Un interminable y accidentado año ha transcurrido sin que alguno de los autores materiales o intelectuales haya comparecido por haberte arrebatado la vida. Y conste que desde el principio la autoridad aseguró que tu caso estaba resuelto. Sí, así lo dijo, porque contaba con nombres y videos que los incriminaban. Luego nos enteramos que la esposa de uno de los presuntos responsables fue detenida y vinculada a proceso. Pero no hubo demora para absolverla porque sólo era eso: la pareja de uno de los señalados como homicidas.
Como el agravio es muy grande, la sociedad esperaba que la Fiscalía y sus agentes realizaran un buen trabajo para localizar y aprehender a quienes privaron de la vida a Luis Enrique. El tiempo se comió los días y dejó mal paradas nuestras esperanzas, mientras observábamos que la autoridad echa mano del recurso muy socorrido en el Viejo Oeste y que no siempre dio los resultados que se buscaban: ofrecer una recompensa. Se ofreció un millón de pesos por cada uno de los dos prófugos, pero ni así se han llevado ante un juez a quienes deben responder por el homicidio de Luis Enrique.
Arribamos a un año de que el periodista Ramírez Ramos fue asesinado, con la incertidumbre que el caso impone y con la que complementa un marco en el que no han faltado ni agresiones a periodistas de parte de grupos armados, como lo fue el día 5 de enero pasado durante el llamado Culiacanazo 2.0 y ni confrontaciones entre comunicadores y la autoridad. Lo que nos deja un tanto nerviosos por la posible repetición de los hechos y porque los que mandan políticamente en la entidad, no terminan por aceptar que la libertad de expresión no es el aplauso fácil, sino la crítica pura y dura desde la sociedad civil hacia los que gobiernan.
Por el bien de la gobernanza en Sinaloa, no es recomendable darle otra vuelta al sol en espera de que suceda la aprehensión de los prófugos por algún error de su parte. La Fiscalía no puede continuar la cosecha de críticas y acumulando trabajo que retarda la justicia, debe responder en corto plazo a ese reclamo contundente que periodistas y sociedad plantearon hace un año. En el fondo muchos nos preguntamos, esos presuntos responsables de la muerte de Luis Enrique, ¿son muy hábiles para sustraerse a la acción de la justicia o hay alguna mano al anterior de la autoridad (que violando la Ley y los principios de lealtad) les comparta información y protección? Con esta falta o sin ella, el gobierno no está cumpliendo su tarea.
Pero también nos mortifica el incremento de las desapariciones en el sur de Sinaloa. Sin que dejen de registrarse ausencias de personas en el centro y norte de la entidad, Mazatlán ha tomado un lugar especial en los últimos meses. Este martes 2 del presente familias mazatlecas salieron a la calle a reclamar la búsqueda y localización de Rodolfo Zataráin Urrea y José Adrián Rivera Pérez, desaparecidos los días 9 y 30 de abril pasado.
La crisis humanitaria que hemos advertido desde 2017 sigue presente, aun cuando las estadísticas oficiales nos hablen de una caída en el registro de homicidios, desplazados y desaparecidos. Sin polemizar, digamos: los niveles registrados extraoficialmente, nos dicen a voz en cuello que dicha crisis está presente.
¿Hasta cuándo habrá que esperar por una política pública integral que no se conforme con los acompañamientos a los familiares en sus búsquedas, sino que vaya al fondo del problema? El Estado mexicano y, de paso la autoridad estatal, han mostrado al menos miopía en el tema. Que no se diga que es un asunto imposible de resolver. Allí están Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, para mencionar países que vivieron dictaduras militares, cuyo “deporte” favorito fue la desaparición forzada de personas. No tienen hoy ese problema. México sin ese tipo de dictadura, salvo la que le señaló Vargas Llosa, no ha podido con el paquete de dar por concluido ese tipo de delito. Ni el régimen de Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto detener la práctica de la desaparición forzada, ¿por qué?
Los defensores de derechos humanos no alcanzamos el reposo, pues por donde no nos llueve nos cae sereno. Teresa Magueyal, madre del desaparecido José Luis Apaseo Magueyal, fue asesinada en San Miguel Octopan, municipio de Celaya, Guanajuato. José Luis desapareció el 6 de abril de 2020 y Teresa se organizó para buscar a su hijo en el colectivo Una promesa por cumplir. Su activismo junto a otras madres guanajuatenses marcó su destino. En su incansable búsqueda antes de encontrar a su hijo se atravesó alevosamente la muerte. Al fin que en este país los criminales parecen tener como garantía una visa: la impunidad. Nosotros seguimos esperando justicia para otras madres activistas como Sandra Luz Hernández y Rosario Lilian Rodríguez Barraza. ¿Será posible ver reivindicada su causa y a la justicia castigando a los responsables de sus homicidios? Vale.
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