Alrededor de 18 mil escuelas particulares a nivel nacional se verían obligadas a cerrar en caso de que la Secretaría de Economía dé luz verde para que entre en vigor el proyecto de la Norma 237, pues de acuerdo con representantes de asociaciones de estos colegios, se caería en exceso de regulación que implica que aumenten sus gastos de operación hasta en 30%.
En conferencia de prensa, Itzel Carmona, representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), informó que incluso no tendrían solvencia económica para hacer frente al pago de la nómina, integrada principalmente por profesores.
Aunado a esto, agregó, se perderían en un escenario donde solo cerraran colegios pequeños, alrededor de 108 mil empleos; mientras que más de medio millón de estudiantes se quedarían sin esta opción educativa.
“Lo que hicimos fue un cálculo, considerando que la estructura de cada una de estas 18 mil escuelas que se verían afectadas en el inmediato, le calculamos nada más para estar claros que son escuelas conformadas, porque nos estamos yendo digamos a calcular el menor daño posible, pero no va a ser menor, pero el menor daño posible pues multiplicándole por un director por 18 mil escuelas, tres maestros por 18 mil escuelas, una secretaria, una persona de mantenimiento e insisto unos 30 estudiantes por cada escuela pues nada más hay que multiplicar esos números por 18 mil”, indicó.
En tanto, Jesús Nájera, representante de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), expuso que esta nueva regulación es inconstitucional, invasiva de las facultades de la SEP, toda vez que es sobre regulatoria y las escuelas particulares no son establecimientos mercantiles ni su actividad es un acto de comercio.
Señaló que imponer esta norma también afectaría a los padres de familia, pues van a tener que pagar los costos que generará derivado de nuevas inspecciones y verificaciones, lo que provocará mayor deserción, lo cual se agudizaría si se considera que a consecuencia de la pandemia en los dos ciclos anteriores hubo un abandono escolar de casi 400 mil alumnos de las escuelas particulares.
Y es que además, comentó que como parte de esta norma también se establece tolerar adeudos de colegiaturas hasta por un periodo de tres meses. “Y ellos están señalando dentro de este acuerdo que las instituciones tienen que tolerar el adeudo y que se vayan aún sin pagar de tres meses de colegiatura de los padres de familia, de los estudiantes, esto es si usted divide 12 entre 3 y le da el 25% directo que señala la maestra Carmona, qué prestador de servicios puede durar tres meses sin cobrar sus cuotas y sobre todo por ejemplo si usted deja de pagar sus impuestos un mes le llega un requerimiento con intereses moratorios y multa, esto no está bien”, reprochó.
Ante este escenario, las organizaciones de escuelas particulares pidieron al gobierno federal, en especifico a la Secretaría de Economía, reconsiderar en su afán de generar un cambio que les cobren factura a estas instituciones por su falta de experiencia o por una decisión ideológica, pues se estaría propiciando el desmantelamiento de una parte importante del Sistema Educativo Nacional.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el propósito de la Norma 237 es establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, tutores y/o usuarios sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos, salvaguardando el derecho a la educación consagrado en el artículo 3 de la Constitución.
FUENTE: ddmx.com
