Qué pena y que lastima que nuestros diputados locales en general sean tan ignorantes y se pasen el tiempo discutiendo en buena medida, como decían en el rancho, mas con “chifletas” que con argumentos reales y sólidos, como es el caso ahora de las cuentas públicas, que desde el  1° de octubre del 2018 no habían tocado para nada,  y más hoy que en la sociedad se van acrecentando las dudas ya que se encuentra ante un mar de claroscuros en el gasto, la inversión, la administración del estado y los municipios así como del desempeño de la auditoria y sobre todo de la fiscalía del estado. 

Desde la salida de Antonio vega Gaxiola de la ASE, lo que sucedió  a unos días de que el gobierno de Quirino Ordaz asumiera el cargo, sustituyéndolo con un incondicional,  el cual muy rápido freno el protagonismo que la ASE había adquirido con sus crecientes roles de control sobre la administración pública. 

A lo más relevante que había llegado la ASE fue a presentar 95 (noventa y cinco) denuncias en la entonces procuraduría de justicia, denuncias que hoy por hoy duermen sin que nadie las mueva y que representaban el mejor fruto de un esfuerzo de diez años de múltiples figuras de las legislaturas 58,59 y 60 para construir tan importante instrumento que tuvo origen en  la huelga de diputados en 1993 que cerraron el congreso por  20 días.

Infraestructura, personal, logística y diseño institucional de la ASE llevo por lo menos 6 años construirla y de la cual fue artífice el malogrado Marco Antonio Fox, el primer auditor, a quien sustituyo Antonio Vega Gaxiola y siguió sus pasos hasta madurar el fruto de llevar ante el órgano judicial a  múltiples funcionarios, de los cuales no se sabe que ha pasado con ellos. 

Y no se sabe que pasa, por esa misma ignorancia de los hoy diputados que son mayoría al PRI y que bien pudieran destrabar la “mano de la justicia” (si es que existe) y que pudieran, por lo menos, permitir saber el trámite, resolución y fin de todas esas demandas que integro la ASE ante la procuraduría antes de que llegara  la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera.  

Seguramente tendrán, tanto el fiscal del estado como la titular de la ASE, múltiples argumentos y pretextos frente a estos 95 casos ya denunciados, si no quieren hablar de lo que ahora esta  a debate, pero por lo menos, los diputados debieran llamar a cuentas a los funcionarios para que expliquen qué ha pasado con todas las demandas.

Allí podrán hablar de aquel presidente municipal de El Fuerte, que el último mes de su gestión los diputados del PRI le autorizaron un crédito por 20 millones para comprar maquinaria y cuando la ASE busco los equipos no encontró ni una carrucha y  ahora no se sabe nada ni sobre los 20 millones ni del curso de la demanda. 

Así se podrán encontrar muchos casos más que refleje realmente la labor profiláctica y resarcitoria de la ASE y la fiscalía en una labor que ya tiene tres años de retraso.

Se han cubierto con el manto de los casos de “LAPO”, el  Dr. Echeverría y el “colchongate” más con el propósito de llevar a cabo ajustes políticos y a forma de propaganda de transparencia y legalidad con el fin de construir imágenes de un gobierno sano institucionalmente, más que cumplir las funciones institucionales. 

Se va a discutir en los próximos días, un tema que debió abrir el congreso del estado desde marzo, cuando recibió los informes de la ASE  para que la sociedad, organismos, instituciones y partidos político, pudieran opinar al respecto y aun mas, debieron haber citado a la titular de la ASE a comparecer lo mismo que al fiscal del estado, porque a todas luces flota una pregunta ¿Por qué primero el caso de los colchones de hace nueve meses (19 de septiembre del 2018) y alguno de los 95 casos que presento Antonio Vega Gaxiola desde el 2016?

O quizá la comisión de fiscalización debiera responder ¿Por qué no han hecho una supervisión de la ASE y revisar su desempeño? Digo, hay mucho que saber y si los diputados no sacan a flote lo que ocurre

¿Qué podrán hacer los ciudadanos?