*Un gran jurado estadunidense determinó que hay elementos suficientes para llevar a los acusados ante una corte federal

Culiacán, Sinaloa; abril 30 de 2026.- La acusación en contra del gobernador de Sinaloa, un senador, presidente municipal de Culiacán y otros personajes del área de seguridad y justicia, no es política, es una acusación judicial con cargos precisos: asociación delictuosa para proteger operaciones de narcotráfico, recepción de millonarios sobornos y —esto no puede perderse de vista— haber operado para que Morena ganara la elección de 2021 mediante intimidación y secuestro de operadores políticos opositores, manifestó la diputada priista Paola Gárate.

Ante el pleno del congreso local, externó que para que ese documento llegara a ser público tuvo que superar el escrutinio de un Gran Jurado federal, que analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía de los Estados Unidos y determinó que había elementos suficientes para llevar a los acusados ante una corte federal.

Ante los múltiples posicionamientos de personajes y funcionarios federales de primer nivel del partido de Morena, señaló que existe un gran peligro: ignorar la solicitud de detención y extradición de los inculpados, envolverse en retórica nacionalista y negarse a agotar las vías jurídicas y diplomáticas que los tratados internacionales en la materia establecen, no protege la soberanía de México: la compromete.

Paola Gárate advirtió: fractura acuerdos bilaterales vigentes pone en riesgo relaciones que nos costaron décadas construir y constituye una confesión tácita de que quienes gobiernan este estado sí tienen vínculos con el crimen organizado.

“La impunidad no es soberanía. Y mirar hacia otro lado frente a una acusación de esta magnitud no es dignidad institucional: es complicidad”.

Hizo un llamado a los diputados y diputadas integrantes del congreso local a ponerse del lado de la gente de nuestro estado, a que ayuden a la presidenta de la república a que asuma su responsabilidad constitucional como mandataria, como presidenta de las y los mexicanos y no sólo como dirigente de un partido y especificó “el cartel más mortal y peligroso del mundo es morena”.

No estamos ante una invasión, se trata de cooperación institucional ante delincuencia organizada que no debe ser tratada haciendo politiquería, el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos es claro: el estándar no exige sentencia condenatoria, exige prueba suficiente para justificar el enjuiciamiento.
Ese umbral ya fue superado. Y si el gobierno mexicano considerara que no, el propio Tratado le impone una obligación: solicitar pruebas adicionales, no salir a la tribuna mediática a agitar banderas y gritar persecución.

REDACCION/VISION CIUDADANA