* La estrategia de cierre de filas de la 4T

Más que un conjunto de decisiones aisladas, lo que se observa en la 4T es una estrategia de supervivencia política. Las amenazas de extradición, las investigaciones estadounidenses, los escándalos del huachicol fiscal, la crisis de inseguridad y el temor a una derrota electoral en 2027 parecen haber producido un efecto paradójico: en lugar de fracturar al oficialismo, están acelerando su cohesión.

El caso del contrabando de combustibles resulta especialmente revelador. La decisión de la Fiscalía General de la República de excluir de responsabilidades a Andrés Manuel López Obrador, a su hijo Andy López Beltrán y al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, mientras concentra la investigación en los capitanes Manuel y Fernando Farías Laguna y en Miguel Ángel Solano Ruiz, no es únicamente un asunto jurídico. También es una señal política. Define los límites de la responsabilidad institucional y protege el núcleo dirigente de la Cuarta Transformación.

En política, los tiempos importan tanto como los argumentos. El fallo aparece después de que Palacio Nacional y Palenque volvieran a ocupar el centro de la conversación pública. La coincidencia temporal alimenta la percepción de que el movimiento ha decidido cerrar filas, contener daños y evitar que una investigación sobre redes de corrupción termine convirtiéndose en una crisis de régimen.

La misma lógica se advierte en Morena. Lo que parecía una disputa abierta por la selección de candidaturas en las 17 entidades con relevo gubernamental terminó convertido en un acuerdo de aceptación general. Las inconformidades en Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí quedaron reducidas a conflictos controlados. No significa que hayan desaparecido las ambiciones internas; significa que, por ahora, todos entienden que la división sería más costosa que la disciplina.

El tercer componente de esta estrategia es la confrontación con Estados Unidos. Frente a las acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado, el oficialismo ha elegido el lenguaje de la soberanía, la patria y la defensa de la dignidad nacional. Es una posición eficaz para movilizar a su base electoral, aunque arriesgada en el terreno diplomático. Convertir cada señal de Washington en una agresión externa puede consolidar al electorado propio, pero también puede impedir una respuesta institucional creíble frente a acusaciones que requieren transparencia y pruebas.

La operación cicatriz con el PT, antiguos aliados vacilantes y sectores de la oposición completa el cuadro. El objetivo es construir un bloque suficientemente amplio para resistir el desgaste de 2026 y llegar a 2027 con capacidad de competir, no necesariamente con popularidad intacta, sino con maquinaria política funcional.

El cálculo oficial parece descansar en tres premisas: que Donald Trump y los republicanos pierdan las elecciones intermedias del 3 de noviembre; que la oposición mexicana no consiga articular un frente competitivo; y que ningún actor internacional intervenga decisivamente en favor de sus adversarios. Es un diseño coherente, pero vulnerable.

La 4T puede resistir si conserva unidad, controla la agenda y evita que los escándalos se transformen en una narrativa común de corrupción e impunidad. Pero la cohesión no sustituye a la eficacia. Si la inseguridad, la violencia económica y la percepción de encubrimiento siguen creciendo, el bloque monolítico podría convertirse en una estructura rígida: capaz de resistir golpes, pero incapaz de corregir el rumbo.

El desenlace dependerá de si el oficialismo logra transformar la disciplina interna en legitimidad pública. Esa será la verdadera batalla.