* Corrupción histórica

La Modalidad 40 nació con una justificación social poderosa: corregir, al menos parcialmente, las pensiones insuficientes de millones de trabajadores que cotizaron bajo condiciones laborales precarias durante buena parte del siglo XX.

La Ley del Seguro Social de 1973 reconoció una realidad que durante décadas había sido ignorada. Los salarios de los años cincuenta, sesenta y setenta eran muy bajos; además, muchos trabajadores enfrentaron periodos sin registro, cotizaciones incompletas o salarios reportados por debajo de los realmente percibidos. Los casos más frecuentes se encontraban entre jornaleros agrícolas, trabajadores temporales y empleados de grandes empresas que evadían sus obligaciones ante el IMSS.

Así, una persona podía llegar a la edad de retiro con treinta años de trabajo, pero con una pensión incapaz de cubrir sus necesidades básicas. La Modalidad 40 buscó ofrecerle una oportunidad: continuar cotizando por cuenta propia y mejorar tanto el promedio salarial como el monto futuro de su pensión.

El problema no estaba en la intención. Estaba en la forma en que el sistema fue administrado.

Con la reforma de 1997 y, posteriormente, con la utilización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se configuró un esquema que permitió elevar significativamente la base de cotización. Hoy se habla de aportaciones equivalentes a 10, 15, 20 o hasta 25 UMAS mensuales. Con ello, algunos trabajadores pueden alcanzar pensiones de 40, 50, 60 o incluso 90 mil pesos mensuales.

La pregunta inevitable es si ese resultado corresponde al espíritu original de la medida.

La UMA fue creada en 2016 para desvincular diversos pagos y obligaciones del salario mínimo. Su valor se actualiza anualmente y sirve como referencia para múltiples operaciones. Sin embargo, convertirla en el parámetro de las pensiones abrió la puerta a una dinámica en la que quienes tienen recursos suficientes pueden realizar aportaciones elevadas durante los últimos años de su vida laboral y obtener beneficios muy superiores a los de otros trabajadores que cotizaron durante décadas con salarios modestos.

Ahí aparece la distorsión.

La Modalidad 40 pretendía reparar injusticias históricas, no convertirse en un mecanismo para maximizar pensiones mediante estrategias de corto plazo. En la práctica, el sistema terminó premiando, en mayor medida, a quienes conocen sus reglas, cuentan con capacidad financiera y pueden cubrir cuotas elevadas durante los últimos años previos al retiro.

Esto no significa que toda pensión alta sea ilegítima. Muchos trabajadores fueron víctimas de registros incorrectos, subdeclaración salarial o periodos de cotización omitidos. El problema es que el sistema no distinguió adecuadamente entre quien busca corregir una injusticia y quien utiliza las reglas para obtener un beneficio desproporcionado.

El costo fiscal tampoco es menor. El IMSS paga pensiones a alrededor de 6.3 millones de personas, con un gasto cercano a un billón de pesos anuales. Esa cifra representa una proporción muy significativa de su presupuesto y limita la capacidad de la institución para financiar servicios médicos, infraestructura, medicamentos y personal.

Por eso, el debate no debería centrarse únicamente en la UMA. El problema central está en la gobernanza del sistema: en la supervisión, la transparencia, la calidad de los registros laborales y los incentivos que se han construido para quienes administran y utilizan el fondo de pensiones.

La solución no pasa necesariamente por eliminar la Modalidad 40. Sería injusto cerrar una vía que todavía puede reparar situaciones legítimas. Lo que se necesita es revisar sus reglas, establecer controles más estrictos, verificar la correspondencia entre salarios y trayectorias laborales, y limitar los abusos sin perjudicar a quienes realmente fueron afectados.

La justicia laboral no consiste en pagar más sin límite. Consiste en que cada trabajador reciba una pensión acorde con sus aportaciones y con los derechos que efectivamente generó.

Si la corrupción y la discrecionalidad siguen intactas, cualquier parámetro —la UMA, el salario mínimo o una nueva unidad de referencia— terminará produciendo los mismos desequilibrios. El problema no está en la unidad de medida. Está en quienes diseñan, administran y permiten que el sistema funcione de manera opaca.