El G20, grupo de los veinte países más ricos del mundo, donde se ubica México, recientemente acordó un impuesto corporativo del 15% a las empresas globales ante el enorme enriquecimiento de las mismas y la paulatina disminución de los ingresos fiscales que financian el servicio público, intentando ganar cierto equilibrio de un polo y de otro: Ni empresas tan poderosas ni gobiernos tan débiles.

Durante más de diez años, el Fondo Monetario Internacional (FMI), con representantes de más de cien países del mundo, trabajó el acuerdo hasta llegar al consenso de un impuesto del 15% para todos esos gigantes económicos, y que todas las naciones del mundo deberán legislar de aquí hasta que concluya el 2022, a más tardar, para entrar en vigor en todo el planeta el 2023.

¿Por qué comento todo lo anterior? Por la sencilla razón que aquí en México vivimos una relación más o menos similar, de “gigantes” económicos nacionales, que no pagan impuestos en los estados y municipios, y que los que pagan, que no se sabe cuánto, debiera haber un impuesto parejo, como a los gigantes económicos del mundo, para que le pagaran a los estados y municipios y estos tuvieran más recursos y no les cortaran los servicios, como lo hace CFE.

¿A qué me refiero? ¿Sabe usted cuánto paga TELMEX y TELCEL a los estados y municipios? ¡Nada!, bueno, si acaso el agua ¿Cuánto pagan las compañías de cable igualmente? ¡Tampoco nada! Tampoco le pagan a CFE por usar su infraestructura de distribución ¿Cuánto paga CFE y CNA a estados y municipios? ¡Nada! Y así nos podemos seguir con las instalaciones del gobierno federal, no pagan ningún impuesto en estados y municipios, como serían por lo menos los servicios de agua potable e impuesto predial urbano y rústico.

Por eso es indispensable que, en el país, más que un movimiento, se de un consenso entre todos los gobernadores y el gobierno federal, mediante la creación de una mesa de trabajo, como la que hizo el FMI con los países, para discutir y comenzar acuerdos para que el gobierno de la república no centralice ni concentre tanto poder fiscal, los estados y municipios no sean tan débiles y que las grandes empresas, del estado y privadas, paguen impuestos locales.

Por eso es fundamental modificar el convenio de coordinación fiscal, y quizá ir más lejos, para un combate eficaz a la evasión y elusión fiscal, lo mismo que la corrupción y los gastos onerosos, no solo personales, sino de obras suntuarias o de baja utilidad social, realizadas tan solo con el ánimo de gastar el dinero público, o de favorecer intereses privados.

No se puede repetir la vergüenza de lo que ocurrió entre el municipio de Navolato y CFE, como tampoco el abuso de una empresa sobre la sociedad.