Si hay un nombre que resuena con fuerza en la historia del camarón en México, es el de Jaime Sánchez Duarte, un viejo lobo de mar que ha visto cómo su industria, forjada con esfuerzo y pasión, se desmorona ante la falta de visión política y el desdén gubernamental. Este empresario, uno de los fundadores de la camaronicultura en cautiverio en Sinaloa, ahora levanta la voz, y no precisamente por el orgullo que sus logros deberían traerle, sino por la desesperación que siente al ver cómo el mercado que él ayudó a construir se ve invadido por «huachi-camarón».

El éxito de Sinaloa como líder en la producción de camarón no fue obra del azar. Fue el resultado de la dedicación de hombres y mujeres que, junto a un gobierno que en sus mejores tiempos entendió la importancia de la industria pesquera, lograron posicionar al estado en la cúspide del sector. Con más del 50% de la producción nacional bajo su dominio, Sinaloa se volvió una referencia para el cultivo de este crustáceo. Sin embargo, como todo lo bueno, esto atrajo competencia, principalmente de Sonora y Tamaulipas. Pero lo que fueron meros rivales en el juego del mercado se convirtieron rápidamente en un eco de lo que pudiera haber sido una colaboración si los gobiernos subsecuentes hubieran tenido un enfoque claro hacia la sustentabilidad del sector.

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la situación ha cambiado drásticamente. En un giro absurdo de la política comercial, el presidente mexicano decidió abrir las puertas a un contrabando disfrazado de comercio legítimo. La firma de un tratado de libre comercio con un Ecuador bajo el mando del populista Rafael Correa fue una invitación abierta al colapso del sector camaronicultor mexicano. Mientras los camaronicultores mexicanos luchaban por sobrevivir, el gobierno, en un acto de completa insensatez, permitía la entrada diaria de hasta 2,000 toneladas de camarón desde Centroamérica, exacerbando aún más la crisis.

Baste recordar que durante la administración de Correa, Ecuador pasó de ser un competidor en el mercado a convertirse en un foco de contrabando. Así, en 2023, las decisiones de AMLO parecían más bien un gol en propia puerta, abriendo las compuertas para que el camarón ecuatoriano inundara el mercado mexicano mientras los productores nacionales se debatían entre la quiebra y la indignación.

Y ahora, ante un nuevo giro político, con el derechista Daniel Novoa asumiendo la presidencia de Ecuador y las relaciones diplomáticas entre ambos países deterioradas, surge la pregunta: ¿dónde queda el interés de los productores mexicanos? La respuesta es desalentadora.

A pesar de que el ejército ecuatoriano tomó la embajada mexicana y las relaciones están rotas, el flujo de camarón sigue. Y aquí es donde entra la ironía más mordaz: AMLO afirmando que “los pobres por fin van a comer camarones” mientras Jaime Sánchez Duarte lanza su grito desesperado al cielo. ¿Es que acaso el gobierno mexicano no puede distinguir entre el camarón nacional y aquel que se introduce ilegalmente? O peor aún, ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de este contrabando?

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su búsqueda por consolidar una imagen de lucha contra la ilegalidad, parece estar mirando hacia otro lado. Las preguntas se agolpan: ¿por qué no toma una posición firme que respete al sector que ha sido apoyo del pais en múltiples ocasiones? ¿Por qué se perpetúa esta felonía contra los productores de camaronicultura de Estero Bahía, Altamar y granjas acuícolas?

Todo este panorama desolador nos lleva a cuestionar: ¿quién realmente está detrás de este negocio turbio que pone en jaque la producción nacional de camarones? Lo que es seguro es que el grito de Jaime Sánchez Duarte no es solo un lamento personal, sino el eco de una industria que pide a gritos justicia en un mercado que se ha convertido en un campo de batalla entre lo legal y lo ilegal, entre el esfuerzo y la traición.