Ayer, en un medio estatal, “El Debate” ofreció un análisis que, más que profundizar en el desempeño del gobernador Rubén Rocha, se centró en su vestimenta y en cuestionar por qué, después de cuatro años, apenas estaría comenzando su gobierno. Este enfoque no solo resulta superficial, sino que desvía la atención de aspectos sustanciales y contextuales que sobran para hacer un juicio informado sobre su gestión y ofrecer a la sociedad una idea clara de lo que ha significado su administración.
El lunes pasado, Rocha emprendió uno de sus esfuerzos más complicados: tratar de explicar la polémica en torno a la adquisición de despensas para el DIF estatal. Un tema que debería haberse abordado en una instancia competente, capaz de determinar si hubo irregularidades y si el gobernador estaba enterado, para actuar en consecuencia. Sin embargo, esta explicación evidenció que Rocha está solo o, en todo caso, que no escucha a nadie. Esta situación refleja, más allá del tema puntual, un gobierno en crisis, con fallas en la comunicación y en la conducción administrativa.
Ejemplo de esta crisis es la gestión de la crisis agrícola en 2023, cuando Sinaloa enfrentó una grave dificultad con el precio de la cosecha de maíz. Fue AMLO quien, al orientar que los productores sembraran sin restricción, dejó en manos del gobierno estatal la responsabilidad de garantizar precios justos. La respuesta fue un apoyo económico de 2,000 pesos por tonelada, que permitió la compra de 700,000 toneladas a unos 20,000 pequeños productores. Esta medida benefició a muchos pero llevó al endeudamiento del estado, de cuya recuperación y manejo financiero nunca ha habido cuentas claras ni exigencias contundentes por parte del Congreso local o la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Este manejo financiero podría explicar la preocupante disminución del patrimonio estatal, que cayó de 14,600 millones en 2022 a 12,300 millones en 2025. Una brecha patrimonial negativa que sigue sin explicaciones públicas sobre su origen ni destino. ¿Será resultado de las pérdidas generadas en la operación de compra de maíz? Si así fuera, lo correcto sería informar con transparencia sobre las mermas, gastos de almacenaje y otros factores involucrados, sin evadir responsabilidades ni minimizar las consecuencias.
En definitiva, un gobierno sano debe privilegiar la claridad y rendición de cuentas ante la sociedad, especialmente cuando se hacen esfuerzos por apoyar sectores vulnerables como los pequeños productores rurales. No siempre las acciones gubernamentales arrojan resultados óptimos, pero lo que nunca puede faltar son explicaciones claras, fundamentadas y oportunas. La falta de ellas mina la confianza y profundiza la percepción de crisis. En este sentido, el análisis superfluo que propone “El Debate” resulta insuficiente y hasta contraproducente. La ciudadanía merece que se hable de hechos, datos y gestión real, no de colores de zapatos ni de estilos personales. Solo así podrá formarse un juicio auténtico sobre el rumbo del gobierno de Rubén Rocha y su impacto en Sinaloa.
