Cuando Quirino Ordaz arribó al gobierno de Sinaloa y el PRI tenía mayoría en la cámara de diputados, hizo y deshizo con los decretos del Congreso del Estado, tanto que apoderó de la inversión pública en todas las obras del gobierno, incluidos los municipios, organismos autónomos y las empresas paraestatales, que lo convirtió en el principal instrumento de control político y corrupción, al mismo tiempo que halagó a los “reduccionistas” con una reforma electoral para aniquilar a las minorías, supuestamente en un afán de ahorro a cabildos y al Congreso del Estado, reduciendo el número de diputados y regidores.
Hoy, después de la peripecia por la que ha pasado dicha reforma que aprobó el PRI en el 2017, pero luego que en 2018 ganó MORENA, obtuvo la mayoría de diputados y el PRI pasó a ser un partido minoritario, “reconocieron”, Quirino y el PRI, que la reforma había sido un error, “que se habían pegado un balazo en el pie”, admitiendo coloquialmente ante el triunfo de MORENA y el 2020 pactaron echarla para atrás y no se aplicara el 2021, por lo que ahora, lo que hace MORENA es simplemente implementar el acuerdo entre todos los partidos, incluido el autor de la ley Quirino Ordaz Coppel.
Es de suponer que el debate político ha sido rebasado y todos están de acuerdo que la ley que propuso Quirino y aprobó el PRI afectaba a la democracia, porque disminuía y restaba posiciones a los partidos minoritarios, y que nunca se trataba de un asunto de pesos y centavos, como lo demostró MORENA el 2019 cuando redujeron los salarios de los diputados y todos los funcionarios públicos, sin correr ni recortar a nadie.
Las reformas que decretaron Quirino Ordaz y el PRI, cuando inició su gobierno, era una simple maniobra de control y absolutización del gobierno para reducir y arrinconar a la oposición, que cuando perdieron frente a MORENA el 2018 sintieron lo que era ser minoría y que ahora “su reforma electoral” los afectaba.
El asunto parece que está resuelto, y que ni debate tendría que haber, pero como siempre existirán los que pretenda que el poder público se administre como un “changarro”, pretendiendo los ahorros económicos de las instituciones con simples recortes, sin entender la esencia del problema, que no es de “pesos y centavos”, sino de democracia.
