Las deudas que se contraen en cualquier actividad, desde las más mundanas hasta aquellas relacionadas con la sobrevivencia misma, son a menudo necesarias, incluso urgentes. Un claro ejemplo de ello tuvo lugar en febrero de 2011, cuando Sinaloa enfrentó la peor helada de su historia. Ante tal desastre climático, el gobierno estatal se vio obligado a solicitar un crédito de emergencia por 2,500 millones de pesos para mitigar los efectos de la crisis. Sin embargo, este episodio no solo resalta la dependencia económica en momentos críticos, sino que también pone de relieve una serie de preguntas que deben ser consideradas con seriedad: ¿realmente tengo suficientes recursos para amortizar esta deuda? ¿El costo del crédito superará los beneficios esperados? En un mundo donde el dinero escasea, estas interrogantes son más relevantes que nunca.
Es común que los créditos gubernamentales estén vinculados a una planificación deficiente, a la falta de objetivos claros y a la incapacidad de anticipar problemas y riesgos inherentes a la gobernanza. Esto es particularmente evidente en el caso de Rubén Rocha, el actual gobernador de Sinaloa, quien ha tenido que lidiar no solo con la herencia de una administración anterior mal gestionada, sino también con la complicada autocracia de un gobierno federal que ha centrado el poder en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta administración ha relegado a los estados y municipios a vivir del gasto corriente, dejando prácticamente toda la inversión en manos del Gobierno Federal, lo que ha resultado en una disminución alarmante de las capacidades financieras locales.
En este contexto, Sinaloa ha sufrido una caída drástica en la inversión pública, lo cual ha llevado a sus gobiernos a sumirse en un ciclo de demagogia y discursos populistas. Ante la falta de proyectos alternativos, los niveles de gobierno han optado por repartir ayudas económicas a los más necesitados, sin crear verdaderas oportunidades de desarrollo que permitan un avance significativo. La dependencia de los lineamientos federales ha incapacitado a figuras como el propio Rubén Rocha, quien parece haber sido impactado por la herencia de una deuda a corto plazo de 4,600 millones de pesos junto con un juicio perdido con el SAT por 1,400 millones, acumulando así una carga financiera insostenible.
La situación se ha visto agravada por la ineficiencia en la gestión de recursos, como evidencia el manejo de la cosecha de maíz para 2023-2024. A dos años de haber asumido el cargo, la administración ha acumulado más de 8,000 millones de pesos en deudas, producto de la compra de 750,000 toneladas de maíz, incluyendo costos de almacenaje y malos intereses bancarios, resultando en una venta que apenas generó ingresos de 3,000 millones. Esta deuda acumulada, que supera los 10,000 millones de pesos, ha restringido drásticamente la obra pública y los servicios fundamentales.
Hoy, la reducción en la inversión pública es alarmante; se proyecta que en 2026 se destinarán solo 3,000 millones de pesos, la cifra más baja en tres décadas. Aunque es cierto que Mario López Valdez y Quirino Ordaz dejaron cargas significativas, cabe preguntarse: ¿por qué solo hasta su cuarto año de gobierno el gobernador comienza a manifestar esta denuncia? Si realmente asumió la responsabilidad de gobernar en 2021, ¿por qué no actuó al respecto desde el inicio de su gestión?
Estas dudas son inquietantes, especialmente en un momento en que se considera solicitar un nuevo crédito de 2,300 millones de pesos a plazos de 20 años. Las interrogantes surgen: ¿por qué continuar endeudando a Sinaloa? ¿No será el momento adecuado para frenar esta danza de deudas eternas? Es crucial abordar estas cuestiones antes de seguir perpetuando un ciclo que solo promete un futuro más oscuro y complicado.
