La precampaña de Graciela Domínguez para encabezar la transformación política de Sinaloa rumbo a 2027 estuvo acompañada por una retórica tan abundante como poco esclarecedora. Feliciano Castro, uno de los principales operadores del gobernador Rubén Rocha durante casi una década, insiste en que el próximo gobierno no será una prolongación del rochismo, sino la expresión de los principios éticos y morales de la Cuarta Transformación, encabezada por Claudia Sheinbaum y por la propia Domínguez.

El problema es que esa afirmación contiene una contradicción evidente. Si durante los últimos ocho años gobernaron —según sus propias palabras— los principios de la 4T, ¿quién asumirá la responsabilidad por los resultados de ese periodo? Porque los principios abstractos no firman decretos, no designan funcionarios ni toman decisiones. Gobiernan personas concretas, con nombres, intereses, lealtades y responsabilidades. Y Feliciano Castro ha sido una de ellas.

Decir que no gobernará el rochismo, mientras se preservan sus operadores, sus discursos y sus mecanismos de poder, no es una explicación: es una maniobra verbal. La demagogia comienza precisamente cuando el lenguaje deja de servir para aclarar la realidad y se convierte en una cortina para ocultarla.

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo, cuándo y con qué medidas se perfilará el nuevo gobierno. ¿Qué acciones inmediatas se emprenderán? ¿Se respaldará a la presidenta municipal de Salvador Alvarado en su conflicto con las empresas de telecomunicaciones? ¿Se resolverán los problemas de drenaje y agua potable en Guasave? ¿Se abandonará el boicot contra la planta de fertilizantes en Ahome? ¿Se defenderán efectivamente las bahías, los esteros y la actividad pesquera, o se seguirá hablando de ellos mientras se permite la competencia desleal del camarón ecuatoriano?

Recorrer Sinaloa puede ser un ejercicio de responsabilidad o una simple gira de propaganda. Todo dependerá de si se visitan las comunidades para escuchar y resolver, o únicamente para producir fotografías, consignas y aplausos. El pueblo no necesita más matracas; necesita resultados.

El problema de la política convertida en panfleto es que sustituye la administración de los asuntos públicos por la repetición de estribillos. “Nosotros somos los buenos”, “no mentimos”, “no robamos”: tales frases pueden movilizar a los fieles, pero no reparan una carretera, no sanea una planta de agua ni devuelve la seguridad a una comunidad. La moral proclamada no equivale a la conducta moral, del mismo modo que la honestidad declarada no demuestra honestidad alguna.

La experiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador debería servir como advertencia. La promesa de que el Tren Maya no derribaría árboles quedó desmentida por la realidad de la selva yucateca. Las palabras pueden negarlo todo durante un tiempo, pero los hechos terminan por cobrar factura. Ningún gobierno puede sostener indefinidamente una distancia tan grande entre lo que dice y lo que hace.

Por eso Graciela Domínguez debería asumir, sin eufemismos, que recibe una administración marcada por fallos, omisiones, imprudencias y daños acumulados. No se trata de negar toda posibilidad de cambio, sino de reconocer la magnitud de la tarea. La franqueza sería más útil que la autosatisfacción partidista: admitir que gobernar será difícil y que no existen soluciones mágicas.

La confianza no se obtiene repitiendo consignas, sino cumpliendo compromisos verificables. El nuevo gobierno debe ofrecer menos épica y más claridad; menos culpables abstractos y más responsables concretos; menos discursos sobre la transformación y más decisiones capaces de transformar la vida cotidiana. Sólo así podrá dejar de ser una continuación disfrazada y convertirse, realmente, en una alternativa.