Hacia muchísimos años, yo creo que desde que el PRI dejo de ser el partido de estado, que no se daba un episodio de tanto rencor y violencia política, como el que ha desatado el presidente López Obrador, en contra de la suprema corte de la nación, como una revancha al haberse convertido la corte, en el valladar de las pretensiones absolutistas del presidente López Obrador y la 4T, quienes han hecho su consigna de “que no me vengan con que la ley es la ley”, para consumar sus ambiciones autócratas.

Ya las comisiones unidas de presupuesto y hacienda, han acordado con la mayoría de diputados de MORENA, proponer al pleno la desaparición de 7 fideicomisos de la suprema corte, que la debilita severamente en su presupuesto, como si de esa manera la posición de la mayoría de la corte de salvaguardar el estado de derecho, fuera a cambiar, como si se tratara de un asunto meramente mercantil, como muy seguramente así lo considera el presidente López Obrador.

AMLO y la 4T creen que el rol que está jugando la suprema corte es disponer la ley para el gran capital o como dicen ellos “para los de arriba” “para la mafia del poder”, cuando de manera practica y concreta, sin truculentos subterfugios, se trata de ser un contrapeso al abuso de poder que ha producido con casi todas sus acciones, y creyendo que su mentada 4T y su movimiento, tienen el privilegio de mandar y no el de obedecer la ley.

La campaña de desprestigio que han desarrollado el presidente López Obrador y la 4T en contra de la suprema corte, además de las pretensiones políticas de liquidar hoy por hoy el más preciado contrapeso al absolutismo político que encabeza AMLO, tampoco les importa avasallar las condiciones, conquistas e intereses laborales de los trabajadores, más de 54 mil, que integran la suprema corta y los consejos de las judicaturas.

Se trata de trabajadores de intendencia, secretarias, actuarios de juzgados y tribunales, de una fuerza laboral que protege la ley y a la que no se le puede avasallar sus conquistas, como lo hacen con la eliminación del fideicomiso que garantizan prestaciones alcanzadas por derecho.

El sindicato de trabajadores del poder judicial de la federación ha sido contundente ante el desprestigio, el abuso, la visión estrecha de los diputados federales, que desconocen la estructura del presupuesto, a que se destina, cuando el 84% se usa para pagar sueldos y prestaciones de los trabajadores, reducirlo impacta a sus ingresos y la economía de su familia, arriesgando en conjunto la calidad de justicia, consagrando todo en la constitución política de los estados unidos mexicanos.

Los trabajadores han levantado su voz y han planteado contundentemente su rechazo a esa visión interesada y perversa de la 4T, quien pretende engañar a la sociedad con su falaz “austeridad republicana” mascara con la que buscan cubrir su desaseo, abuso de poder y su intención de someter a los poderes para fincar la autocracia del presidente López Obrador.

Seguramente, como lo ha afirmado muchas veces el presidente, de que “no le muevan ni un punto y coma”, el presupuesto del gobierno federal asegura su ruta a la centralización del poder, al avasallamiento de la democracia, seguir golpeando instituciones y desparramando verborrea política para justificarse.