Una extensa gira realizó por Sinaloa el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, gira que remató, según él mismo, con una conferencia “magistral” sobre “Hacienda Pública y el Plan Nacional de Desarrollo”, conferencia que al final se resumió en que para que tenga resultados el gobierno amlovista se necesitan más recursos fiscales, y para ello una nueva reforma fiscal. En síntesis, el mismo enfoque y las mismas medidas que el gobierno anterior.

Resultaron interesantes algunos tópicos que se comentaron, como la iniciativa de cobrar ISR a las plataformas digitales como UBER y NETFLIX, entre otras, como una medida para fortalecer la recaudación, otra fue la de buscar que los gobiernos locales mejoren su recaudación y creen nuevos impuestos e incluso regrese el cobre de la vieja tenencia vehicular.

Y retomó de la reforma del 2014 de Peña Nieto la idea de gravar más la comida “chatarra”, los refrescos, el tabaco y el alcohol, con tazas relevantes que reduzcan su consumo y los ingresos se etiqueten al sector salud, para aliviar el déficit financiero que padece el ISSSTE y el IMSS.

Precisamente porque según el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) que se discutirá en la cámara de diputados, es indispensable que la inversión pública y privada, nacional y extranjera, represente el 30% del PIB y que la inversión pública se eleve del 2% al 6 por ciento, es decir, un 200% y para eso se requiere reducir el gasto, combatir la corrupción y fortalecer los ingresos.

Algo que sobresalió de la conferencia que impartió el presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública fue la ausencia de dos temas fundamentales en cualquier debate sobre planeación como ingresos fiscales, no habló de federalismo fiscal y el sistema político.

Es conocido que tenemos un sistema fiscal centralista que concentra prácticamente todos los ingresos y que ha sido el instrumento principal del gobierno de la república para controlar, subordinar y someter a los gobiernos locales, más aún en tiempos de “jauja” petrolera que le ha permitido el manejo, además, de enormes excedentes petroleros.

El sistema fiscal tiene 40 años y desde hace ya casi 20 años ha sido una demanda histórica de la izquierda mexicana, la lucha por su modificación para fortalecer estados y municipios, además de planear el desarrollo de regiones como una forma de desconcentrar y descentralizar al país, transfiriendo facultades recaudatorias del gobierno federal a los estados y municipios, elevando la proporción de los ingresos que casi siempre han sido 20% para los estados y municipios y 80% para el gobierno federal.

Si este sistema fiscal no cambia, el centralismo y el autoritarismo mexicano tampoco, cuestión que también está íntimamente ligada al problema de tener un régimen político presidencialista, donde el presidente de la república funciona como un rey por el poder que concentra, donde la división de poderes prácticamente es inexistente.

El sistema fiscal democrático y de mayor eficiencia recaudatoria solo es factible organizarlo sobre la base de un gobierno parlamentario porque esa es su mejor garantía para que exista la planeación real y un gasto racional y honesto.

La reforma fiscal de Peña Nieto del 2014 fue un gran acierto que elevó del 11% al 14% del PIB la recaudación y elevó de 34 a 42 millones los contribuyentes ¿Pero de qué sirvió si no cambió el sistema fiscal ni el gobierno? Simplemente mayor gasto del gobierno.