Con el voto a favor de todos los diputados presentes, el Congreso del Estado aprobó que se pague aguinaldo de 65 días de salario a los trabajadores jubilados y pensionados federalizados afiliados al SNTE 27, así como a sus similares homologados de educación media superior y superior.
Con un auditorio abarrotado prácticamente por jubilados y pensionados federalizados, cada voto fue respaldado por coros y aplausos, pues en lugar de 40 días de aguinaldo ahora recibirán los 65 días señalados.
Horacio Lora, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, una de las tres comisiones que elaboraron el dictamen aprobado, aseguró que éste es producto de la lucha del magisterio sinaloense.
Al hablar a favor del dictamen recordó que en 1992 se firmó el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, que buscaba mejorar las condiciones y prestaciones laborales del magisterio.
Ese acuerdo, precisó, establecía la obligación del Gobierno Federal de pagar 40 días de aguinaldo a los trabajadores federalizados jubilados y pensionados, y el Gobierno del Estado pagaría los restantes 25 días.
Sin embargo, lamentó, en un acto de evidente injusticia se les quitaron esos 25 días de aguinaldo, lo que originó una larga lucha por la restitución de los mismos, y lamentó que muchos de esos luchadores ya no vivan.
Señaló que el Congreso del Estado logró en el 2018 reasignar los recursos suficientes para que en el presente año se paguen esos 65 días de aguinaldo.
Pero ahora, aseguró, al modificarse la ley de Educación, se les da certeza jurídica y por ley a partir del 2020 todos los jubilados y pensionados deberán recibir 65 días de aguinaldo, sin más trámite que su jubilación y pensión.
Por todo ello invitó a sus compañeros diputados y diputadas a aprobar el dictamen para juntos hacer historia, y porque lo exigen los trabajadores jubilados y pensionados.
También hablaron a favor del dictamen la diputada Guadalupe Iribe Gascón y el diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez.
Iribe Gascón explicó que al reconocer a los maestros sus prestaciones laborales, están contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.
Se cumple también, agregó, con el marco normativo que los legisladores han creado para garantizar el derecho de jubilados y pensionados a tener una vida más digna.
Villalobos Seáñez recordó que desde 1992 se dio la transferencia en el sector educativo federal a los estados.
Explicó que los 200 millones de pesos que reasignó esta Soberanía para garantizarles el derecho a este ejercicio fiscal no deben de ser sujetos a ninguna negociación.
El dictamen aprobado agrupó tres iniciativas de ley, una presentada por el secretario general de la sección 27 del SNTE, Edén Inzunza y el director del Colegio de Seguridad y Derechos Sociales de los jubilados y pensionados de esta sección sindical, Ezequiel Campos; otra, por Carlos Ramón López Torres, vicepresidente de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Profesor Elpidio Domínguez” y los ciudadanos Berzahí Osuna Enciso y Raciel Vladimir Martínez Araujo.
La tercera fue presentada por la fracción parlamentaria de Morena, que es presidida por Graciela Domínguez Nava.
El dictamen aprobado adiciona los párrafos segundo y tercero a la fracción XXXIII del artículo 15 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, el cual consta de un artículo único.
Los párrafos adicionados establecen lo siguiente:
“En atención a lo previsto en el párrafo anterior, al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y al Decreto de creación del organismo Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa , los trabajadores de la educación jubilados y pensionados federalizados, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 27, así como los trabajadores jubilados y pensionados homologados de educación media superior y superior en la entidad, tienen derecho a percibir un aguinaldo de 65 días de salario de la respectiva cuota diaria de pensión. En virtud de que los trabajadores reciben una parte del aguinaldo z través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Gobierno del Estado, por conducto de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, cubrirá la diferencia que resulte.
“Quedan excluidos de esta disposición los trabajadores que estén bajo el régimen de cuentas individuales”.
El dictamen contiene dos artículos transitorios. El primero establece que “El presente decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2020”.
El segundo indica que “El Ejecutivo y el Congreso del Estado, deberán prever las asignaciones presupuestales dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal de 2020”.
REDACCIÓN/VISIÓN CIUDADANA.
