Todas las mañanas, resonando en cada rincón de este país, la presidenta de la república se aferra a su narrativa de promesas y discursos grandilocuentes. Sin embargo, a medida que avanza el día, la cruda realidad desmantela sus afirmaciones tanto como Penélope tejía y deshacía su labor nocturna, según la mitología griega. La reciente saga del hackeo a los sistemas del IMSS, donde se advierte un supuesto robo de 20 millones de expedientes de pensionados, y el incremento de la deuda del gobierno por medicamentos, revelan una danza de engaños que desafía cualquier sentido común.
Desde enero, el gobierno prometió saldar una deuda de 13,000 millones de pesos a los laboratorios farmacéuticos. Pero, sorpresivamente, esa suma ha crecido hasta 14,000 millones. Esta incapacidad para garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales públicos es un eco de un déficit crónico que ha persistido por más de seis años. Los pacientes siguen sufriendo por la falta de insumos, mientras las promesas de mejora se desvanecen como hilos en el telar de Penélope.
El escándalo del IMSS ilustra con claridad el uso indebido de datos sensibles. Desde el 12 de septiembre, la propia institución admitió que sus sistemas habían sido vulnerados por personal interno, aunque se niega a reconocer la magnitud del daño. Se habla de 20 millones de expedientes, cifra que plantea dudas, al considerar que el total de pensionados apenas asciende a 4 millones. Achaques numéricos que reflejan una vez más la falta de transparencia y control sobre los datos financieros de los ciudadanos. Este robo de información no es un evento aislado; es parte de una cultura institucional que permite el fraude y el abuso sin rendir cuentas.
Un caso paradigmático es el de los hermanos Soto Conde, quienes hicieron público un desfalco sistemático a sus pensiones. Durante años, se les sustrajo parte de sus ingresos, llegando al extremo de que se adquirieron propiedades con los montos robados. La situación revela lo que muchos ciudadanos sospechan: la fragilidad y la desprotección de las instituciones públicas ante la corrupción omnipresente. Para detectar estos fraudes, se requiere de una vigilancia constante, algo que la mayoría de pensionados no puede permitirse, dado su contexto económico.
En cuanto al sistema de salud, es un relato interminable de promesas incumplidas, comenzando por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fanfarroneaba con ofrecer un sistema de salud superior al de Dinamarca. La realidad es que se han presentado fraudes monumentales, como los 300,000 millones de pesos que desaparecieron tras el INSABI o la inverosímil «vacuna patria» que nunca llegó a ser. Las compras de medicamento a través de la ONU también resultaron en una serie de decepciones.
Ahora, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la esperanza de un cambio parece diluirse en el aire, ya que la continuidad de la desinformación y el ocultamiento no cesa. A pesar de las promesas de honestidad y transparencia, el discurso parece seguir el mismo molde. tanto es así que han regresado al circo matinal que son las llamadas mañaneras al impresentable pseudoperiosita Lord Molecula, mostrando una preocupante falta de respeto hacia el periodismo serio y comprometido.
Imaginemos, por un momento, que el hackeo al IMSS escala a niveles más alarmantes, como ocurrió con los hermanos Soto Conde, donde las pérdidas ascendieron a cantidades astronómicas. Tal eventualidad sería otra catástrofe, una tragedia para aquellos que dependen de sus pensiones para subsistir. Estamos hablando de un derecho fundamental, el cual debería ser protegido en lugar de ser expuesto a las garras de la corrupción y la ineptitud.
La realidad es cruda y aterradora. Mientras la presidenta promete un futuro brillante, la vida cotidiana de millones se ve envuelta en la incertidumbre y el miedo. Este tejer y deshacer de las promesas políticas sólo fortalece la desconfianza en las instituciones. Necesitamos exigir transparencia y rendición de cuentas. La protección de nuestros derechos y bienes no debería ser objeto de manipulación política; debe ser, ante todo, una prioridad del gobierno.
