En México se ha instalado una narrativa peligrosa: culpar al último eslabón de la cadena —las estaciones de servicio— por el alto precio de la gasolina. La reciente campaña de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), enfocada en exhibir públicamente a gasolineros por sus “altos márgenes”, no solo es técnicamente incompleta, sino que roza lo jurídicamente cuestionable.
El problema no es menor. Cuando una autoridad administrativa construye un discurso público sin reconocer la verdadera estructura del precio, distorsiona la percepción social y desvía la responsabilidad donde políticamente conviene, no donde económicamente corresponde.
El precio de la gasolina: una verdad incómoda
El precio del litro de gasolina en México está compuesto, en buena medida, por impuestos. Entre el IEPS y el IVA, la carga fiscal puede representar una proporción sustancial del precio final. A esto se suman factores como el tipo de cambio, el costo internacional del combustible y la logística.
El margen de las estaciones de servicio —el foco de la campaña— es apenas una fracción del precio total.
Dicho de forma clara:
no es el gasolinero quien encarece estructuralmente la gasolina en México.
La narrativa de PROFECO: simplificación o manipulación
La estrategia de PROFECO de publicar “quién es quién en los precios” puede ser válida como herramienta informativa, pero se vuelve problemática cuando se usa como mecanismo de presión pública sin contexto técnico completo.
Se exhiben estaciones por tener márgenes “altos”, sin explicar al consumidor:
- Que esos márgenes incluyen costos operativos variables
- Que existen diferencias logísticas regionales
- Que el precio base no lo fija el gasolinero
- Que la mayor carga del precio es fiscal
Este tipo de comunicación selectiva no es transparencia: es parcialidad institucional.
El riesgo jurídico: ¿exceso de facultades?
Aquí es donde el tema se vuelve delicado.
PROFECO tiene facultades para vigilar, informar y sancionar abusos, pero no para estigmatizar actividades lícitas ni para generar presión mediática sin un procedimiento formal que acredite una infracción.
Cuando una autoridad:
- Señala públicamente sin resolución firme
- No acredita violación a la ley
- Genera daño reputacional
Puede estar incurriendo en un uso indebido de facultades e incluso vulnerando principios básicos como la presunción de legalidad de la actividad económica.
No se trata de defender abusos —si existen, deben sancionarse—, sino de exigir que la autoridad actúe con rigor jurídico, no con narrativa política.
El verdadero problema: la evasión del debate fiscal
La campaña de PROFECO evita tocar el tema central:
la carga fiscal sobre los combustibles en México.
Mientras se señala al empresario visible —el gasolinero—, se invisibiliza el hecho de que el Estado es uno de los principales beneficiarios del precio alto de los combustibles.
Esto genera una distorsión peligrosa:
- Se debilita la confianza en el sector privado
- Se evita el debate sobre política fiscal
- Se construye un enemigo conveniente
Conclusión: el costo de la simulación
El consumidor mexicano merece información completa, no campañas parciales.
Si realmente se busca proteger al consumidor, la conversación debe ser integral:
- ¿Cuánto del precio es impuesto?
- ¿Cómo impacta el tipo de cambio?
- ¿Cuál es el margen real de cada eslabón?
Culpar al último participante de la cadena es fácil.
Explicar el sistema completo exige responsabilidad.
Y hoy, esa responsabilidad no se está cumpliendo.
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
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