Esta evolución ya no se centra únicamente en operativos presenciales o auditorías profundas. Hoy, las inconsistencias en una DIOT, un CFDI mal cancelado, un error en el uso de las claves PUE o PPD, o el acreditamiento del IVA en operaciones de flujo de efectivo sin que exista el pago real, pueden detonar revisiones automatizadas. El SAT ha dejado claro que no necesita ver físicamente a un contribuyente para iniciar un procedimiento: basta con lo que muestran los sistemas.
Uno de los aspectos más preocupantes es el uso de exhortos por montos pequeños que, lejos de buscar la corrección de errores mínimos, tienen la finalidad estratégica de romper el periodo de caducidad. Esto obliga a los contribuyentes a tomar decisiones clave: ¿presentar una complementaria para aclarar una diferencia de unos pesos… y abrir la puerta a revisiones mayores?
La fiscalización también se sofisticará en los pagos al extranjero. No bastará con tener un contrato: el SAT pedirá hasta 26 elementos probatorios para justificar deducciones por regalías, asistencia técnica o uso de marcas. Esto incluye traducciones apostilladas, evidencia de que el servicio no puede prestarse en México, y hasta visitas físicas al extranjero. Si no hay una sustancia económica real, se presumirá simulación.
Además, las fusiones, escisiones y restructuras empresariales de los últimos cinco años serán escrutadas bajo un nuevo enfoque: la razón de negocios por ejercicio. Ya no bastará con demostrar un beneficio futuro; se revisará cómo evolucionó la operación año con año.
En la mira también están los contribuyentes que operan con estructuras aparentemente legales, pero sin sustancia: empresas sin empleados, sin activos, o con relaciones sólo entre 2 o 3 RFC. Se presumirá simulación. Incluso el uso de trusts o testamentos donde una persona moral actúa como administradora de un patrimonio familiar, será considerado enajenación.
Y lo más delicado: la responsabilidad del receptor. Si recibe una factura de un proveedor que luego es no localizado, aunque en el momento de la operación el proveedor estuviera en regla, el SAT transferirá la carga al receptor, considerándolo EFO. Esto desdibuja peligrosamente la seguridad jurídica y la confianza legítima que debe prevalecer en toda relación fiscal.
Frente a estas acciones, las empresas deben responder con prevención, control interno y documentación exhaustiva. La era del cumplimiento reactivo ha terminado. Hoy, una omisión o error menor puede derivar en restricciones de sello digital, cancelación del RFC, congelamiento de cuentas y una carga probatoria extremadamente compleja.
La fiscalización del SAT ya no es selectiva ni manual. Es sistematizada, masiva y predictiva. Y quien no se prepare para este nuevo entorno, inevitablemente, pagará el precio.
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
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