Las lluvias tempranas que han comenzado a caer en casi todo el estado nos sitúan, paradójicamente, ante un horizonte inquietante: la inminente llegada de un fenómeno climático adverso de enormes proporciones. Según los meteorólogos, nos encaminamos hacia un ciclo prolongado denominado  “El niño” y que después de tres años sufriendo su contraparte o conocido como el fenómeno de  “La Niña”  lo que desencadeno una sequía severa que duro 3 años ahora seguida de un periodo de intensas lluvias, tormentas y ciclones. Este escenario, lejos de ser una mera curiosidad meteorológica, representa un verdadero desafío para la sociedad y, en especial, para las instancias gubernamentales encargadas de la gestión del riesgo y la protección civil.

Lo primero que salta a la vista es la insuficiente respuesta de los gobiernos —federal, estatal y municipal— frente a la crisis causada por “la niña” en años recientes. La incapacidad para administrar los recursos hídricos se tradujo en niveles alarmantemente bajos de almacenaje en las presas de Sinaloa, llegando a menos del 5% de su capacidad. Más allá del impacto ambiental, esta negligencia afectó gravemente al consumo humano, la agricultura y la ganadería, sectores que forman el sustento económico de gran parte de la población. No hubo una estrategia clara ni medidas oportunas por parte de CONAGUA para paliar estos efectos. La inexistencia de apoyos integrales para los agricultores —más allá de un precio garantizado al maíz en 2024— es otra muestra palpable de la improvisación y ausencia de visión a largo plazo.

Hoy, con la presa de Sinaloa apenas alcanzando un 16% de su capacidad y aún distante de ese 50% vital para asegurar los cultivos y la producción eléctrica, la incertidumbre se agudiza. Las previsiones hablan de que sólo un fenómeno atmosférico de gran magnitud, como un ciclón en plena temporada, podría incrementar significativamente estas reservas. Sin embargo, esta misma dependencia de contingencias fortuitas subraya la fragilidad de nuestro sistema hídrico y la falta de un plan robusto para enfrentar escenarios adversos.

Pero quizás lo más preocupante sea la condición política y administrativa en la que se encuentran los gobiernos estatales y municipales de Sinaloa. Con niveles de eficiencia que difícilmente rebasan el 50%, la elaboración y ejecución de programas preventivos y de contingencia parece un objetivo inalcanzable. Lo que debería ser responsabilidad primaria de estos entes se torna una carga que sólo puede ser asumida por el gobierno federal, quien actúa como un operador de emergencia cuando las estructuras locales colapsan. Este mecanismo de relevo, aunque funcional en la coyuntura, revela una estructura de gobernanza debilitada y dependiente, incapaz de ofrecer respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía.

En definitiva, el panorama es complejo y no hay certezas absolutas sobre el comportamiento del clima y sus consecuencias inmediatas. Pero sí está claro que los actuales gobiernos carecen de la capacidad —y quizá también de la voluntad— para gestionar estas amenazas de forma eficiente. En este contexto, la solución no podrá emerger exclusivamente de las instituciones públicas. Será la sociedad civil, esa red informal pero vital, la que deberá movilizarse y organizarse para enfrentar las crisis venideras. Ejemplos históricos como la respuesta ciudadana tras el ciclón Manuel en 2013, sociedad que respondió de manera generosa ante el llamado que realizo el entonces presidente municipal Aaron Rivas y que muestran que la comunidad tiene la fuerza y la resiliencia para suplir las carencias oficiales cuando la autoridad falla.

Sin embargo, la pregunta inevitable es quién dará el liderazgo en un momento donde la autoridad municipal está, en muchos sentidos, ausente o debilitada. La organización social requiere de canales de comunicación, confianza y coordinación que sólo pueden fomentarse con la garantía de un liderazgo legítimo y sólido. Ese desafío es tan importante como la gestión misma del agua o la preparación ante fenómenos naturales. En última instancia, este entramado de factores políticos, sociales y ambientales nos interpela: la gestión del riesgo representa no sólo un problema técnico ni sanitario, sino el reflejo de cómo construimos, o deshacemos, nuestra propia convivencia colectiva.

Recordemos que la ética y la política son inseparables; y ante estos desafíos, la responsabilidad no puede delegarse únicamente a un ente burocrático o a la imprevisibilidad del clima, sino que debe radicalizarse como un compromiso de todos. Solo así podremos aspirar a transformar la vulnerabilidad en acción y esperanza frente a unos tiempos inciertos.