Culiacán, Sinaloa; enero 15 de 2026.- En sesión del Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate fijó un posicionamiento en el que denunció la manipulación de datos oficiales en materia de homicidios dolosos por parte de la Fiscalía General del Estado y advirtió que alterar cifras de violencia no es un trámite administrativo: “es intentar borrar a las víctimas y esconder la incapacidad del gobierno”.
La legisladora sostuvo que no se trata de un error técnico ni de una diferencia de criterios, sino de un patrón deliberado para reducir artificialmente la incidencia de asesinatos mediante clasificaciones que no corresponden al tipo penal y que terminan por distorsionar el diagnóstico real de lo que ocurre en Sinaloa. “Cuando no pueden contener la violencia, buscan contener las cifras”, señaló, al subrayar que la verdad estadística también es una obligación de Estado.
Gárate expuso que existe una discrepancia grave entre lo que se reporta diariamente y lo que después se consolida en cifras mensuales. Como ejemplo, citó el mes de diciembre de 2025, cuando la Fiscalía difundió oficialmente 128 asesinatos —incluyendo feminicidios—, mientras que del seguimiento de reportes diarios se desprenden 166 muertes en el mismo periodo.
Añadió que incluso se han invisibilizado hallazgos de cuerpos y restos en fosas clandestinas, lo cual, por su naturaleza, debe incorporarse al diagnóstico público y a la responsabilidad institucional.
La diputada explicó que el “maquillaje” se sostiene a través de reclasificaciones y omisiones, al registrar casos bajo rubros como “causa de muerte por determinar”, “homicidio por otros”, “agresión a la autoridad” o “homicidio por enfrentamiento”, así como al excluir de la estadística a personas heridas en ataques armados que fallecen posteriormente en hospitales.
Enfatizó que esas prácticas no sólo deforman la contabilidad pública, sino que afectan decisiones de política pública y el derecho ciudadano a conocer la realidad.
Finalmente, Paola Gárate exigió rendición de cuentas y transparencia total, incluyendo una explicación pública y verificable de los criterios de clasificación, una revisión metodológica con resultados accesibles para la ciudadanía y un mecanismo de actualización que impida que los casos queden “congelados” bajo categorías ambiguas.
“La transparencia no es un favor: es una obligación. En materia de homicidios, mentir no sólo es inmoral: es peligroso”, concluyó, al reiterar que el Congreso debe estar del lado de las familias y de la verdad.
REDACCIÓN/VISION CIUDADANA.
