La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip) firmó un convenio con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Poder Ejecutivo, en el que se establece que los recursos obtenidos de las multas por incumplimiento de Obligaciones de Transparencia, serán destinados a capacitar a los servidores públicos de las dependencias en Sinaloa.
La Presidente de Ceaip, Rosy Lizárraga Félix, informó que el convenio representa un paso muy importante por el hecho de que lo recabado con las medidas de apremio pueda retornar al órgano de transparencia y se aplique en capacitación y socialización en beneficio del acceso a la información pública y la protección de datos personales que es para uso de los ciudadanos.
“Y ha sido una exigencia de la ciudadanía el conocer qué hace Ceaip para sancionar a aquellas dependencias que no se han tomado en serio el tema de la transparencia, pues ello lo denuncian los propios ciudadanos”, señaló.
A partir de enero del 2018, las verificaciones de las citadas obligaciones son vinculantes a una responsabilidad y en caso de no cumplirlas son sujetos de recibir sanción.
Lizárraga Félix agregó que a la fecha Ceaip ha impuesto nueve medidas de apremio con multas dirigidas a igual número de dependencias, por incumplir en la publicación de sus Obligaciones de Transparencia.
Dijo que actualmente existen 217 denuncias por la misma causa y de las que Ceaip mantiene en status de trámite para su resolución.
Por su parte Carlos Ortega Carricarte, titular de la SAF, afirmó que el convenio permite fortalecer más las actividades de accionar de la propia Comisión de Acceso a la Información Pública (Ceaip).
Y agregó que la SAF también se beneficia con ello al hacer más eficiente el ejercicio de recabación de multas por parte de los sujetos obligados que no están cumpliendo con disposiciones que la ley marca, y poder recabarlas a través del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates) para darles el destino conveniado.
Añadió que el área a su cargo es a la que más solicitudes de información les han realizado por parte del Poder Ejecutivo, así como en la presentación de recursos de revisión, ello por tener la encomienda de administrar el presupuesto.
Las medidas de apremio que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, consisten en multas que fluctúan entre los 150 y los 1500 salarios mínimos, es decir, van desde 15 mil 462 a 154 mil pesos, mismos que deben ser cubiertos directamente del bolsillo del funcionario señalado de la omisión, y no de la entidad pública para la que presta sus servicios.
REDACCIÓN/VISIÓN CIUDADANA
