ejaste los zapatos vacíos.
Y el viento se encargó
de preservar la memoria.
Víctor Joel Armenta
Ayotzinapa y Teuchitlán nos han hecho caminar pasos importantes en materia de desaparición forzada. Cada caso en su momento sacudió la conciencia nacional y nos pone ante la lupa internacional que da seguimiento a tragedias humanitarias. Nuestra mejor respuesta se da en el campo de la legislación, en donde hemos evolucionado hacia un entorno legal aceptable en este estadio que ya va a cerrar los 60 años bajo la práctica de la desaparición forzada de personas. En el primer caso hasta de una Comisión de la Verdad se dispuso, sin que por ello hallamos alcanzado la verdad buscada de los hechos, mucho menos la justicia plena que reclamaron familiares y sociedad.
En el caso de Teuchitlán, comenzamos de nuevo en empinada cuesta el intento de esclarecimiento de los hechos y que la justicia se imponga sin importar quién o quiénes estén involucrados en el infierno construido en el Rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco. Hay ya un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la emergencia que vuelve a replantearse con el lamentable caso de los hornos crematorios, en ese punto geográfico que un día viera pasar las históricas peregrinaciones de nuestros abuelos fundadores. Sí, de esos ancestros que partieron de Aztlán en busca de la tierra prometida y que en las inmediaciones del Lago de Texcoco fundaron la legendaria Tenochtitlán. Teuchitlán mismo (su nombre) es el testimonio vivo del paso de Tenoch y su pueblo por esos lares.
No ignoramos que Ayotzinapa puso a prueba la capacidad del Estado mexicano para esclarecer dicho caso y para llevar a comparecer ante los tribunales a todos los presuntos responsables. Nuestra memoria guarda todos problemas que se atravesaron en el camino buscando que la carpeta de investigación no tocara intereses fuertes y luego registra que desde el mismo Poder Judicial se entorpecieron los diferentes juicios cuando el Juez Samuel Ventura Ramos absuelve a 121 de los indiciados en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Más todavía, se buscó evitar la investigación sobre la participación de elementos del Ejército mexicano y cuando hubo elementos para ello, no faltó la resolución de un juez para que el juicio lo llevaran en libertad, a pesar de la gravedad del delito.
Los antecedentes no son buenos en materia de procuración de justicia. Esperemos que no se repitan esas terribles fallas en el caso de Teuchitlán, que por lo demás nos obliga a preguntarnos algunas cosas elementales: trasladar alrededor de 400 seres humanos hacia un punto concreto (Rancho Izaguirre), no importa el tiempo ocupado (meses o años), es increíble que no lo haya registrado ojo humano ajeno a la actividad depredadora de personas. Y no nos referimos sólo al ojo ciudadano de la calle, sino el de la autoridad. Baste observar que todos los ayuntamientos tienen una oficina de inspección que se encarga de registrar cualquier cambio en las construcciones con fines recaudatorios. ¿Nunca vieron nada anómalo?
¿Y las locales y federales dónde estuvieron en todo ese tiempo? Se ha dicho que en septiembre de 2024 el Rancho Izaguirre fue visitado y cateado por una autoridad federal, ¿por qué no hubo consecuencias de esa acción? El Estado mexicano nos debe una amplia explicación.
La presidenta Claudia ha planteado seis compromisos que tienen una gran importancia en materia de desapariciones forzadas y que pueden significar pasos de gran calado en esta materia. Estos son: 1.-Fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda: 2.-Iniciativa de reformas a la Ley General de Población, para consolidar el Certificado Único de Registro de Población; y reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; 3.-Incorporar a la Ley nuevos protocolos que agilícenla búsqueda desde el momento del registro de un caso; 4.-Equiparar el delito de desaparición con el del secuestro; 5.-Publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación; 6.-Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La mínima sensibilidad sobre la naturaleza de los delitos nos invita a diferenciar los delitos. En el punto 4 es imprescindible señalar que no podemos equipar un delito de lesa humanidad con el de secuestro, por lo grave que consideremos a éste. Por lo demás consideremos la respuesta ante los hechos de Teochitlán como una salida pronta y que debe dejar una huella muy importante en el terreno de las desapariciones forzadas. Y sin dejar de valorar la dimensión de las medidas, aceptemos también que el Estado mexicano no asume aún la decisión de enfrentar el fenómeno de la desaparición forzada tal como lo hicieron Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y otras naciones hermanas. Ahora es un buen momento para hacerlo.
En Sinaloa debemos destacar dos cosas muy importantes: estamos en un momento muy crítico en materia de desapariciones forzadas y este año arribamos al medio siglo desde que se inició esta abominable práctica. Las estadísticas nos dicen que en la etapa tres las desapariciones evolucionan así: 2006, 35; 2013, 1109; 2024, 1358; y en este joven 2025, ya van 237. Urge un esfuerzo extraordinario para detener la práctica de la desaparición forzada. No tenemos ninguna duda en que la Ley Sobre Desaparición Forzada de Personas Federal y Local, la Comisión de Búsqueda en dichos ámbitos y las comisiones de atención a víctimas deben ser más eficientes y contar con más recursos y tecnología. Pero lo importante es la voluntad, como en su momento lo demostraron los países mencionados, para que desterremos de nuestra vida cotidiana ese fenómeno que ha dejado una herida abierta, creciente y cada vez más dolorosa en la sociedad mexicana. Ojalá tengamos pronto esa decisión del Estado mexicano. Vale.
X @Oscar_Loza
