* Presupuesto de bolsillo y tragedia de tamaño nacional

Ya lo dijo —y, sobre todo, lo documentó— la regidora de Culiacán, Erika Sánchez, durante la glosa del segundo informe de la presidenta municipal sustituta: en el Ayuntamiento hay fugas financieras, subejercicios presupuestales y una opacidad que no se disimula ni con discursos, ni con fotografías, ni con inauguraciones de utilería.

Como si hiciera falta otro dato para confirmar el desastre, el dirigente municipal del PRI, Noé Heredia, advirtió que el presupuesto de Culiacán pierde valor año tras año. Las participaciones y los proyectos federales no compensan siquiera la inflación. Para 2027 se propone un incremento de apenas 0.3 por ciento: una décima parte de la inflación estimada para la ciudad. Es decir, no es aumento; es una propina presupuestal, de esas que se dejan sobre la mesa cuando el servicio fue pésimo.

Y ahí aparece el coro de los diputados federales, especialmente los de Morena, que durante ocho años han demostrado una disciplina conmovedora: no moverle ni un punto ni una coma a lo que ordene el Ejecutivo. No parecen representantes populares, sino figuras decorativas con dieta legislativa. El Congreso dejó de ser contrapeso y se convirtió en ventanilla de trámite.

El presupuesto propuesto tampoco es para echar las campanas al vuelo: 900 millones de pesos para un hospital del IMSS y 180 millones para modernizar el distrito de riego número 10, en la zona agrícola de Culiacán y Navolato. Y párele de contar. Para una capital estatal en crisis, eso no es una estrategia de recuperación: es apenas un botiquín para una hemorragia.

Por eso, a la llamada Cuarta Transformación le queda presumir la inversión privada acumulada durante el tercer trimestre del año: 8 mil millones de pesos, según la Secretaría de Economía. Muy bien por la inversión privada, faltaba más. Pero una ciudad no se gobierna con boletines empresariales. Se gobierna con seguridad, servicios, transparencia, infraestructura y autoridad. Cuando todo eso falta, el capital llega con casco y chaleco antibalas, o de plano se va.

La cifra más escandalosa está en el parque vehicular municipal. Se habla de 600 millones de pesos gastados en tres años en gasolina y reparaciones para 1,100 vehículos. Hagamos cuentas sencillas: más de medio millón de pesos por unidad. Con ese mantenimiento, cada vehículo debería circular como nave espacial, tener blindaje presidencial y quizá resolver por sí solo los baches de la ciudad.

Pero lo verdaderamente indignante no es solo el dinero. Es el momento. Todo este posible despilfarro ocurre mientras Culiacán vive una crisis humanitaria: más de 4 mil asesinatos, personas desaparecidas, vehículos despojados con violencia, viviendas atacadas, negocios cerrados, empleos perdidos y familias desplazadas de la sierra, la ciudad y la costa.

La ciudad no solo enfrenta al crimen organizado; enfrenta también la ausencia organizada del gobierno. Una tragedia doble: violencia sin control y administración sin respuestas.

Culiacán está pagando una factura que no provocó, con un presupuesto que no alcanza y bajo autoridades que parecen administrar la emergencia como si fuera una molestia burocrática. Un aumento de 0.3 por ciento en estas condiciones no es política pública: es una burla estadística.

Mientras los culichis cuentan muertos, desaparecidos, pérdidas y negocios cerrados, el gobierno cuenta porcentajes y presume inversiones. Pero el maquillaje no tapa la herida. Sinaloa y Culiacán seguirán sufriendo, sangrando y esperando una autoridad que, por ahora, parece no tener ni rumbo ni vergüenza.