Por allá por 1990, cuando empezaba el proceso de privatización del país, asistí a una reunión donde se discutiría el carácter de las empresas, sus diferencias y la esencia, discusión que duró horas, para concluir que la propiedad de las empresas definía su carácter y podrían ser públicas, privadas y sociales, sus diferencias las ramas de producción y su esencia era única, común a todas: Ser productivas y rentables. Si no hay ganancia no existen, trátese de la que se trate. No existe economía ni sistema social si no hay empresas exitosas.

Hago esta remembranza por el debate que se ha abierto en el país a raíz de la intención del gobierno lopezobradorista de reformar la ley de energía eléctrica para modificar el sentido amplio que estableció la reforma energética de 2013, para inscribir a México en la orientación de la lucha en contra del cambio climático, la globalización y darle un nuevo rol al Estado en la economía nacional, particularmente en convertir a PEMEX y CFE en empresas productivas, fortalecer la competencia económica y la tecnologización de la vida económica y social del país.

El “apagón analógico” del 2014, compromiso incumplido por México ante la ONU desde el 2006 que era su plazo fatal, que vino a digitalizar prácticamente todas las comunicaciones y liberar el espacio cibernético, representó un salto monumental para México en telecomunicaciones, que de no haberse hecho, en el marco de la pandemia, el país sería un caos y una catástrofe mayor.

Así también, el convertir la CFE en una “empresa productiva del Estado”, resultó un gran paso para elevar la producción eléctrica, garantizar el abasto y paulatinamente transformar el mercado, pasando de un monopolio a un mercado de productores que permitiera el predominio de las tarifas eléctricas más bajas, eventualmente eliminar los subsidios y terminar con las transferencias fiscales, las bolsas secretas de la burocracia que desde 2018 son 70 mil millones de pesos que se transfieren como subsidio a CFE, fuente de la corrupción en la paraestatal.

Comento lo anterior porque la discusión sobre las reformas que propone el presidente López Obrador, esconden el problema de fondo que entraña una burocracia corrupta (principalmente del grupo “Atlacomulco”) que durante más de cinco décadas a usufructuado buena parte de los negocios y renta de la CFE, que temen salgan de “lo oscurito”, planteando como un problema ideológico en nacionalistas y privatizadores, cuando lo que está en el fondo es el negocio de siempre de un grupo de poder.

Para ilustrar, siempre son importantes las comparaciones. En 1960 el presidente López Mateos “nacionalizó” la industria eléctrica comprando las empresas extranjeras “Luz y Fuerza Motriz” y la “Mexican Light and Power Co.”, y aún hoy en día, 60 años después, la producción no rebasa las fronteras y solo alcanza para nuestro consumo.

Mientras que la empresa francesa EDF (Électricité de France), fundada en 1946, con la nacionalización también de empresas privadas como en México, que duró hasta el 2004 cuando se convirtió en una sociedad anónima, privatizando el 15% de las acciones y el gobierno francés tiene el 83% de las acciones, se ha convertido en la segunda empresa eléctrica del mundo con ventas por 80 mil millones de dólares, cuatro veces más que CFE y casi el 80% de su producción eléctrica es renovable.