Sucintamente desde el lunes, venimos intentando ubicar los errores del gobierno Rochista, como ha llegado a esta crisis al concluir su tercer año de gobierno, inmerso en esta crisis, la de inseguridad y violencia, más complicada que la crisis política y por eso, por aquella y por esta, es urgente que desde el gobierno se trabaje un plan amplio, más allá de las medidas de seguridad pública, que por cierto faltan muchas, donde contemple la reconstrucción del tejido social, abatiendo el miedo como síndrome colectivo primero que nada y al mismo tiempo reconstruyendo las redes sociales.

El gobierno de Sinaloa tiene una tarea enorme ante sí y requiere un plan de emergencia, que no estaría mal lo anunciara en la tercera entrega de su informe de gobierno, para presentarlo a la secretaría de hacienda, la cámara de diputados federal y al gobierno de la república para que autoricen su financiamiento.

Un plan de acciones concretas y de fácil aplicación, bajo el mando de un gabinete ejecutivo con el gobernador y el secretario de gobierno a la cabeza, con los menores candados posibles y asequibles para todos.

El daño económico por la crisis de inseguridad y violencia ya supera los 15 mil millones de pesos, perdida social difícil de saldas en corto plazo, pero es factible contener ese deterioro económico, recuperando la circulación en consumos indispensables y ahorrando gastos recuperables o que puedan ser absorbidos por industriales, gobierno y empresas.

Por ejemplo, en el aspecto más indispensable, en la alimentación, se pueden emitir cien millones de pesos en bonos del gobierno para consumir en las casas comerciales en alimentos cada mes que dure la crisis entregando dos mil pesos mensuales por familia mientras dure la crisis, con ello sería factible paliar la emergencia vital, los alimentos para 50 mil familias.

Pactar con el transporte público una tarifa de emergencia de diez pesos y que se disponga de bonos en boletos o tarjetas y se entreguen 60 viajes al mes por familia para el mismo lapso que los bonos en alimentos.

Para esas 50 mil familias más pobres es indispensable exonerar el pago de predial urbano 2025 y el cobro de agua potable, así como gestionar un subsidio eléctrico en CFE por el 50 por ciento de sus consumos.

Sin duda hay que apoyar también a las microempresas, las más frágiles, con un bono económico mensual de 10 mil pesos, exonerarlos de predial, agua y 50% de energía eléctrica.

En síntesis, se trata de apoyo de sobrevivencia que sumados puede alcanzar la suma de 350 millones de pesos mensuales, que sumados hasta el mes de junio que se revalorizaría toda la situación, podría alcanzar en total 2500 millones de pesos.

Si el 2023 se rescataron 20 mil productores de maíz, hoy en esta crisis, este plan de emergencia pretende aliviar la situación de más de 50 mil familias.

Si la emergencia para el precio del maíz en el ciclo 2022-2023, fue de más de 4 mil millones de pesos para el gobierno de Sinaloa, incluyendo los gastos de almacén y financieros, los 2500 millones que ocuparía un plan de emergencia social que requiere la crisis de inseguridad, también es factible y se puede pactar ante la emergencia, con el gobierno federal.

La situación de inseguridad, incertidumbre, violencia y miedo, no es una onda de corto plazo, se trata de la crisis de quiebre del crimen organizado y ante ello, es necesario ir paso a paso, sin prisas ni desespero, pero con decisión y paso firme.

Por cierto, después del despojo de tanto vehículo y asaltos ¿Por qué la policía no opera medidas disuasivas en los centros comerciales donde más incide el robo de vehículos? Sobre todo, en las “horas pico”.

Es cierto que las crisis provocan desesperación, fatiga e insanos instintos que negativiza el desempeño de muchos, que si no se contiene, si no se va amortiguando, puede reventar y provocar mayor inestabilidad por eso el gobierno debe reaccionar rápido.

Junto a estas medidas, habrá que asumir los retos políticos que ha impuesto un desempeño errático y el agudizamiento de la crisis política, pero eso, lo vemos mañana.