La reciente reforma al Artículo 29 de la Ley del INFONAVIT ha generado un encendido debate en los círculos empresariales y laborales. Mientras el gobierno la defiende como un avance en la protección del derecho a la vivienda de los trabajadores, el sector privado la considera una imposición desproporcionada que pone en riesgo la viabilidad económica de muchas empresas, en especial las pequeñas y medianas.
Bajo esta nueva disposición, los patrones deberán continuar efectuando los pagos de créditos de vivienda de los trabajadores incluso cuando estos se encuentren en situación de incapacidad o ausencia. La intención del legislador parece clara: garantizar que la falta de ingresos temporales no derive en el impago de las hipotecas y en la eventual pérdida de viviendas. Sin embargo, la carga financiera de esta medida recae exclusivamente en el empleador, sin que se contemple un mecanismo de compensación o apoyo fiscal que equilibre el impacto.
Los números no mienten. Según estudios financieros recientes, esta reforma podría representar costos adicionales de cientos de miles de pesos anuales para empresas medianas, afectando su liquidez y reduciendo su capacidad de inversión y generación de empleo. En un contexto económico incierto, donde las empresas aún enfrentan los estragos de la pandemia y la inflación, este tipo de medidas parecen diseñadas sin un análisis realista de sus efectos colaterales.
El principio de equidad tributaria, consagrado en el Artículo 31 de la Constitución, establece que las cargas fiscales deben ser proporcionales a la capacidad de pago de los contribuyentes. Sin embargo, al trasladar una obligación financiera que debería ser cubierta por el Estado o por un fondo mutualista a los empleadores, se crea un precedente peligroso que podría extenderse a otras áreas de la seguridad social.
Además, esta reforma entra en franca contradicción con la Ley Federal del Trabajo, la cual establece límites claros a los descuentos salariales para el pago de créditos de vivienda. Si bien el INFONAVIT busca proteger a los trabajadores, el hacerlo a costa de la estabilidad de sus fuentes de empleo podría generar un efecto contrario al deseado: la reducción de puestos de trabajo formales y el incremento de la informalidad, donde no existen aportaciones a la seguridad social.
Es fundamental que el gobierno y los legisladores reconsideren esta medida y abran un espacio de diálogo con el sector empresarial. La vivienda es un derecho humano, pero su financiamiento no puede ser impuesto de manera unilateral a quienes generan los empleos y sostienen la economía del país.
Si realmente se busca justicia social, se deben explorar alternativas como la creación de un fondo solidario tripartito, donde el Estado, los trabajadores y los empleadores compartan equitativamente la responsabilidad. De lo contrario, esta reforma podría convertirse en un obstáculo más para el crecimiento económico y la formalización del empleo, en lugar de un avance en materia de derechos laborales.
¿Es esta una medida justa o un golpe a la economía empresarial? La respuesta, como siempre, dependerá de quién la responda. Pero lo cierto es que sin ajustes o incentivos adecuados, las empresas podrían enfrentar tiempos aún más difíciles, y con ellas, millones de trabajadores en todo el país.
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
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