Cuando parecía irremisible el juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán, de repente soplaron otros vientos y, al parecer, toda la parafernalia del proceso del juicio político que establece la ley se detendrá, para dar paso a un acuerdo en el que admite y reconoce el presidente municipal los términos del acuerdo que le propuso el gobernador Rubén Rocha para dar trámite al pago de las jubilaciones a las viudas de los policías caídos en su deber, como también asumir el mandato que obliga la reforma de la ley de agua potable y alcantarillado para que los adultos mayores y minusválidos reciban el beneficio del 50 por ciento de descuentos en las tarifas del servicio de agua.
Ya el cabildo de Culiacán el viernes pasado mandató a la síndica procuradora para que procediera a retirar las controversias que el ayuntamiento había interpuesto en contra de esas nuevas disposiciones que lo obligaban a disponer de sus recursos para hacerlas cumplir y se oponía.
No se sabe cuándo, pero retirar una demanda es mucho más fácil que interponerla, por lo que no habrá ningún problema y es muy probable que en esta misma semana se esté allanando el proceso que sigue la comisión instructora del congreso para finiquitar el conflicto.
Por lo que los diputados Marco César Almaral, Gloria Himelda Félix, Rosiely Sánchez, César Ismael Guerrero y Alba Virgen Montes, es muy probable que finiquiten el asunto, salvo que existan otros asuntos de tal o mayor gravedad que obliguen a continuar el juicio político, cuestión que no observo en el horizonte del conflicto.
Los diputados Serapio Vargas, de MORENA, y Adolfo Beltrán Corrales, sin partido, han declarado que, aunque se cumpla todo este proceso de allanamiento del conflicto, el juicio político proseguirá “porque se persigue de oficio”, dicen.
Será cierto o no, algunos argumentos deben tener y no sé que peso tengan procesalmente en este juicio, pero en mi saber y entender del asunto, cuando el conflicto se ha allanado y ya no existan los asuntos que dieron origen al juicio político, es procedente la cancelación y, a lo sumo, se podrían imponer sanciones administrativas, pagos quizá de los gastos del proceso y reparación de daños por las omisiones de los apoyos.
Lo principal para la sociedad y las instituciones involucradas es que este proceso se cancele y se restablezca la estabilidad política, que en buena medida ha sido sacudida más por una medición de fuerzas que por la existencia de un problema de fondo para la sociedad y el gobierno.
Lo más saludable y rentable del juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro es sin duda poner un “hasta aquí” al libertinaje político que el mismo presidente de Culiacán había desarrollado durante su trienio anterior, conjuntamente con sus compañeros “El Químico” Benítez en Mazatlán y “El Billy” Chapman en Ahome.
Quizá lo último sería que le impusiera una manda “por sus pecados”, como subir de rodillas a la iglesia de La Lomita.
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