Como nunca, en la historia la lucha por la reivindicación de la igualdad y los derechos de género por las mujeres en Sinaloa, vivimos una jornada como la del pasado 8 de marzo, cuando miles de mujeres en Sinaloa y específicamente en Culiacán, salieron a gritar, demandar y señalar específicamente, como fue el caso de la consigna “no queremos un acosador como senador”.
Sacudieron las calles con sus marchas, cimbraron los palacios municipales y la sede del gobierno en Sinaloa, a donde nunca habían llegado. Dos denuncias de mujeres agraviadas fueron el emblema. Los casos de Noemí Rivera, empleada de la delegación de bienestar y la de la jueza Ana Karina Aragón Coutiño.
Además del simbolismo de cómo han desarrollado su lucha por su dignidad, en contra de todo el sistema político y los poderes del estado de Sinaloa, estas dos mujeres, están irrumpiendo en el escenario político, como arietes en contra de MORENA y el gobernador Rubén Rocha.
Son dos casos de agravios, de acoso y violación, que han sido denunciados desde hace años y las autoridades, ni la fiscalía estatal ni la fiscalía federal, han actuado en consecuencia, por lo que la politización de estos casos ya es un hecho.
Si, es un hecho, porque precisamente, los supuestos involucrados, acusados ante la fiscalía, Juan de Dios Gámez y Enrique Inzunza, son el presidente municipal de Culiacán y el secretario general de gobierno, respectivamente, ambos con licencia para pretender reelegirse el primero y el segundo convertirse en senador de la república.
Por eso, este “8M” pasado se llenó de simbolismos, cuando por un lado arremeten los movimientos feministas y muchas mujeres agraviadas, por otro lado aparecen tres distinguidas mujeres maquillando la campaña de Enrique Inzunza, organizándole actos de pretendido desagravio a Enrique Inzunza, como fueron los que hicieron María Teresa Guerra Ochoa, Imelda Castro y Dina Grijalva.
Mientras que, desde el gobierno, la encargada del despacho de la secretaria de la mujer, Consuelo Gutiérrez, gritaba a los cuatro vientos, que en Sinaloa mejoraban las condiciones de las mujeres Sinaloenses, como si no oyera los gritos en la calle.
Y ese mismo día 8 de marzo, el INE y todos los partidos nacionales, anunciaron la firma de doce compromisos que se resume como “un pacto para no postular violentadores”.
Así como en Culiacán, se rompieron los simbolismos de los reconocimientos y compromisos incumplidos con desayunos y brindis por todos lados, el 8 de marzo paso a ser un movimiento social que ha pisado la calle, llenando plazas y sacudiendo puertas gubernamentales, fenómeno que anuncia la primavera de un despertar cívico político, que seguramente tendrá sus consecuencias en las elecciones del 2 de junio.
Yo no sé si Juan de Dios Gámez y Enrique Inzunza se mantengan como candidatos, pero lo que si estimo ocurra, es que no tendrán una campaña sin sobresaltos y menos con resultados espectaculares.
