* Erika Sánchez da la pelea
De veras que los de la 4T han convertido la política municipal de Culiacán en un verdadero Galimatías: mucho ruido, muchos malabares y ninguna respuesta clara. Todo parece diseñado para cubrir la fuga de responsabilidades del presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien se fue, no quiere regresar y mucho menos rendir cuentas a los culichis sobre un gobierno que, a todas luces, necesita cirugía mayor para intentar salir del pantano en el que está hundido.
El primero de noviembre venció el plazo de seis meses establecido por la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en su artículo 148, para la licencia del alcalde. Y aquí empieza la función principal: Culiacán no puede seguir sin gobierno municipal, mucho menos en medio de una crisis de seguridad, violencia, impunidad, dolor y lágrimas que ya forma parte de la vida cotidiana de la sociedad.
La regidora priista Erika Sánchez ha sido una de las pocas voces que insiste en algo tan extravagante en estos tiempos: que se cumpla la ley. También ha reclamado legitimidad, honestidad y responsabilidad institucional. ¡Qué cosas pide la regidora! Nada más que el gobierno haga lo que debe hacer.
Desde el 30 de octubre, Sánchez advirtió al Cabildo que el primero de noviembre se agotaba el plazo constitucional de la licencia y que era prácticamente evidente que Gámez Mendívil no se presentaría a trabajar. Eso colocaba al presidente municipal y al propio Cabildo en una situación de posible inconstitucionalidad, obligándolos a discutir el asunto y dar vista al Congreso del Estado.
Pero en lugar de una respuesta política, jurídica e institucional, apareció el responsable jurídico del Ayuntamiento con una colección de argumentos tan débiles que parecía estar improvisando una defensa en la fila de las tortillas. La regidora pidió respuestas al Cabildo, que es donde corresponde procesar el asunto, no al funcionario jurídico como si fuera ventanilla única de la legalidad municipal.
Y mientras tanto, el informe de gobierno —que Gámez Mendívil no presentó— terminó siendo expuesto por quien ya no tenía, conforme al plazo legal, la calidad de presidenta municipal interina. En ese acto se cuestionarían datos que levantan sospechas y reclamos: más de 600 millones de pesos en gasolina y refacciones para el parque vehicular. Una cifra escandalosa, especialmente cuando la ciudad enfrenta carencias, inseguridad y servicios públicos deficientes.
Ahora el municipio suma otro problema: un vacío de poder. No hay alcalde presente, no existe una explicación convincente y tampoco se observa una ruta institucional clara. El Cabildo guarda silencio, el Congreso estatal parece estar mirando hacia otro lado y la gobernadora, Graciela Domínguez Nava, tampoco ofrece una respuesta contundente.
Así, la crisis se administra con evasivas, comunicados y malabares jurídicos. Como si la ausencia del presidente municipal pudiera resolverse con poesía, propaganda o una pirueta partidista.
Lo que está en juego no es una disputa menor entre regidores y funcionarios. Está en juego la legalidad, la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos. Culiacán necesita autoridades presentes, cuentas claras y decisiones firmes. Lo que no necesita es un gobierno de utilería, sostenido por silencios y excusas.
Porque cuando la ley se vuelve adorno, la responsabilidad se convierte en pelota y nadie quiere atraparla, el pueblo termina pagando la función completa. Y en Culiacán, por desgracia, la función ya dejó de ser graciosa