* Sinaloa: la tormenta perfecta
Sinaloa no atraviesa una crisis: atraviesa todas las crisis al mismo tiempo. Es un maremoto político, financiero, institucional y social donde cada ola arrastra un problema distinto y ninguna deja espacio para respirar. La maraña es tan grande que ni Penélope, con toda su paciencia, podría tejerla de nuevo; mucho menos encontrarle una salida inmediata.
El estado parece abandonado a su suerte, salvo por la presencia de las fuerzas militares, que intentan contener los daños mientras el gobierno federal observa desde su propio incendio. Hay problemas estructurales, de seguridad, finanzas públicas, servicios e instituciones. Y lo más preocupante es que no se percibe una estrategia clara para resolverlos.
En ese escenario, la gobernadora Graciela Domínguez enfrenta una pregunta elemental: ¿gobernar o administrar la crisis? Porque una cosa es ocupar el despacho y otra muy distinta ejercer el poder para enfrentar el desastre. Hasta ahora, la impresión ciudadana es que el gobierno se limita a prometer, administrar los pendientes y preparar el terreno electoral rumbo a 2027.
El rochismo, para decirlo sin maquillaje, dejó un estado exhausto. No acabó con todo, desde luego: sobrevivieron los presupuestos, las nóminas y algunas oficinas. Pero las finanzas públicas recibieron una herencia que no se resuelve con discursos ni con fotografías de gabinete.
Ahí está, por ejemplo, el adeudo superior a mil millones de pesos con el SAT, derivado de recursos que el gobierno anterior no enteró y que la Suprema Corte ordenó pagar. Y todavía falta sumar la deuda de corto plazo, estimada en más de 20 mil millones de pesos. La Ley de Disciplina Financiera y las reglas de entrega-recepción obligan a liquidarla antes del relevo gubernamental. Lo mismo deberán hacer 20 ayuntamientos.
La pregunta es brutalmente sencilla: ¿habrá dinero para tapar semejante agujero? Porque un pozo de ese tamaño no se cubre con austeridad de escaparate, ni con campañas de comunicación, ni repitiendo que “todo está bajo control”. Si estuviera bajo control, no estaríamos hablando de una entidad que necesita hacer malabares para pagar sus obligaciones más elementales.
Mientras tanto, el presupuesto destinado a Sinaloa pasa de 65 mil 798 millones a 68 mil 126 millones de pesos, un aumento de apenas 0.3%, muy por debajo del promedio nacional de 4.6%. Es decir, a Sinaloa le tocaron las migajas presupuestales mientras la crisis exige cirugía mayor.
Y conviene decirlo con todas sus letras: ningún resultado electoral va a resolver esta tormenta. Ganar o perder en 2027 no pagará la deuda, no reconstruirá las instituciones ni devolverá la confianza. El problema es mucho más profundo que una boleta electoral.
Sinaloa necesita un gran bloque político y social. Uno que incluya a todos los liderazgos dispuestos a poner el bien común por encima de la camiseta partidista, incluidos los de la llamada Cuarta Transformación, si realmente están comprometidos con el estado.
Pero antes hace falta algo todavía más difícil: decir la verdad. Sin maquillaje, sin parches y sin propaganda. Reconocer que Sinaloa está quebrado en muchos sentidos y que reconstruirlo exigirá unidad, sacrificio y una clase política capaz de asumir la épica.
Porque del cielo no caerá el rescate. Y si seguimos esperando que llegue, lo único que terminará hundiéndose será todo el estado
