La oposición ante el espejo.

Mario Zamora ha puesto sobre la mesa una propuesta que incomoda a las burocracias partidistas y, por eso mismo, merece ser discutida con seriedad: construir un bloque opositor a Morena y a la Cuarta Transformación, y elegir a su candidato a gobernador mediante voto directo, universal y secreto de los ciudadanos que decidan participar.

No se trata de una ocurrencia electoral. Es una respuesta a la crisis de representación que padecen los partidos. Las dirigencias nacionales han convertido la política interna en un territorio reservado para unos cuantos. Las bases son convocadas cuando se necesita llenar plazas, repartir propaganda o defender decisiones ya tomadas. Para elegir candidatos, en cambio, suelen ser prescindibles.

La propuesta de Zamora invierte esa lógica. El candidato no sería producto de una negociación entre cúpulas, ni de una encuesta cuyo método, patrocinador y resultados completos permanecen en la penumbra. Sería alguien que tendría que presentarse ante la sociedad, escucharla y conquistar su respaldo en plazas, calles y pueblos. Llegaría a la candidatura con una legitimidad nacida del voto, no del favor de un jefe político.

La diferencia no es menor. En la política mexicana, las encuestas han terminado por sustituir a la deliberación y, con frecuencia, por encubrirla. La broma circula con razón amarga: para saber quién encargó una encuesta y quién la pagó, basta con mirar quién aparece como ganador. El procedimiento puede ser legal; la confianza, sin embargo, no se decreta.

Hubo un tiempo en que la izquierda partidista, particularmente el PRD en sus primeros años, ensayó mecanismos más abiertos de participación. Las bases acreditaban liderazgos y candidatos. Aquella práctica no estaba exenta de conflictos, pero contenía una convicción democrática: el partido pertenecía a sus militantes y no exclusivamente a sus dirigentes. Con el tiempo, los acuerdos cupulares y las encuestas fueron desplazando esa idea.

Morena, pese a su discurso de transformación, no ha escapado a esa vieja enfermedad. La designación de candidaturas suele presentarse como resultado de consultas cuyos detalles rara vez conocen los ciudadanos. El caso de Imelda Castro ilustra la desconfianza: se anunció su nominación, pero no se hizo pública una explicación suficiente sobre la encuesta, sus participantes, sus cifras y la posición de los demás aspirantes. Cuando el procedimiento no se transparenta, la sospecha ocupa el lugar de la certeza.

La oposición tiene ahí una oportunidad, aunque también un riesgo. Un bloque común no puede reducirse a la suma de siglas que se reparten posiciones. Debe probar que es capaz de hacer algo distinto. La elección abierta de su candidato podría ser una primera señal. También permitiría distinguir entre quienes buscan un proyecto de gobierno y quienes se conforman con una regiduría, una presidencia municipal o una diputación.

Pero el valor de la propuesta no termina el día de la elección. Un candidato elegido por la sociedad quedaría obligado a gobernar frente a ella. Tendría que consultar, rendir cuentas y mantener abiertas las puertas del poder. La legitimidad de origen exigiría una conducta democrática en el ejercicio del gobierno.

Sinaloa conoce ejemplos de esa cercanía. Los llamados miércoles ciudadanos, con las oficinas abiertas para atender directamente a la población, recordaron que gobernar no es esconderse detrás de funcionarios y filtros. También están las audiencias públicas de aquellos gobiernos en Nayarit en que el gabinete entero escuchaba durante horas, incluso días, los problemas de la gente.

La democracia comienza antes de las urnas y continúa después de ellas. Los gobernantes deben ser nombrados por los ciudadanos, no por el dedo de un tlatoani. Si la oposición quiere convencer, tendría que empezar por demostrar que sabe confiar en la sociedad.