í, Morena lleva una ventaja considerable gracias a una campaña electoral anticipada que se prolongó durante meses sin que ninguna autoridad le pusiera freno. Desde febrero, sus figuras visibles, aspirantes y operadores recorrieron colonias, rancherías, plazas públicas y medios de comunicación como si la contienda ya hubiera comenzado formalmente. Y quizá lo más preocupante no sea únicamente la infracción, sino la naturalidad con que se cometió: a la vista de todos, con la tranquilidad de quien sabe que nadie habrá de exigirle cuentas.

Si esto no constituye un atropello a las reglas electorales y al juego democrático, entonces habrá que preguntarse qué entendemos por legalidad. Una república no se sostiene solamente sobre el acto periódico de votar, sino sobre la existencia de límites que obliguen por igual a gobernantes, partidos y candidatos. Cuando las normas se aplican selectivamente, dejan de ser leyes y se convierten en instrumentos de conveniencia.

La llamada elección de Estado no se define únicamente por la intervención directa de una autoridad en favor de un partido. También aparece cuando esa autoridad decide no mirar, no investigar, no sancionar. La omisión puede ser una forma especialmente eficaz de complicidad: permite que las arbitrariedades se acumulen sin producir el escándalo inmediato de una orden ilegal. Basta con dejar hacer y dejar pasar.

Por eso resultan inquietantes las actuaciones de los órganos encargados de regular, vigilar y juzgar los procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral y el tribunal correspondiente deberían representar una garantía frente al poder, no una prolongación administrativa de él. Sin embargo, la impresión creciente es que han perdido autonomía y que sus decisiones se acomodan, con demasiada frecuencia, a las necesidades políticas de Morena y de la llamada Cuarta Transformación.

El problema no empezó ayer. Desde el poder se ha intentado desmontar al INE, desacreditarlo y reducirlo a la condición de obstáculo partidista. Pero una democracia sin árbitros independientes queda a merced de quien controla los recursos, los micrófonos y la maquinaria gubernamental. Y cuando el árbitro se convierte en un apéndice del gobierno, la competencia deja de ser competencia: se transforma en una ceremonia destinada a confirmar al vencedor anunciado.

El INE, encabezado por Guadalupe Taddei, no había fijado todavía los lineamientos de la campaña cuando Morena llevaba ya siete meses de promoción pública. La explicación de que las reglas solo podían establecerse después de la convocatoria parece más una coartada burocrática que una interpretación razonable de la ley. Las obligaciones legales no nacen únicamente cuando comienza formalmente una campaña; existen para impedir precisamente que alguien pueda obtener ventaja mediante actos anticipados.

Lo mismo ocurre con las mañaneras presidenciales, convertidas en espacios de promoción política, y con las descalificaciones dirigidas contra quienes cuestionan al gobierno. En Colima, por ejemplo, la presidenta respondió a sus críticos atribuyéndoles filiaciones partidistas y acusándolos de ser enviados por la oposición. No hay en ello prudencia institucional, sino la vieja tentación de confundir al gobierno con la nación y a la discrepancia con la traición.

Una democracia saludable no exige gobernantes infalibles, sino autoridades capaces de aceptar límites. El poder que nunca encuentra resistencia acaba creyendo que todo le pertenece: las instituciones, el discurso público, la memoria colectiva y hasta el derecho a definir quién puede hablar.

Por eso vamos hacia una elección profundamente desigual. No porque el resultado esté escrito de antemano, sino porque las condiciones de la contienda han sido deformadas antes de que comenzara. Y cuando la autoridad electoral renuncia a corregir esas deformaciones, la ciudadanía no solo elige entre partidos: también decide si acepta que la democracia sea una fachada o si todavía reclama que las reglas valgan para todos.