En toda toma de protesta hay una escenografía de futuro: aplausos, rostros expectantes, palabras que parecen recién salidas de una imprenta celestial y un público dispuesto —por necesidad, más que por ingenuidad— a conceder el beneficio de la duda. Así ocurrió con Graciela Domínguez Nava, cuya llegada al gobierno de Sinaloa despierta ilusiones legítimas después del fracaso del gobierno de Rubén Rocha. Cuando una sociedad ha vivido dos años entre sangre, miedo, sudor y lágrimas, cualquier promesa adquiere el brillo de una revelación.
La paz, por supuesto, fue una de esas promesas. ¿Quién podría oponerse? La paz es el tema perfecto: universal, emotivo, irrefutable. Nadie vota contra ella, aunque muchos se pregunten quién habrá de construirla, con qué instrumentos y en cuánto tiempo. Porque una cosa es invocar la paz y otra presentar un plan de emergencia, una estrategia inmediata, un conjunto de acciones verificables. En Sinaloa, la palabra aparece; el cómo, no.
La nueva gobernadora habló de instituciones, de coordinación y de responsabilidades compartidas. Pero la ciudadanía no vive en el organigrama: vive en las calles, en los comercios cerrados, en las escuelas vacías, en las colonias donde el rumor sustituye al parte oficial. ¿Qué se hará con los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Qué cambios habrá en la Fiscalía? ¿Qué medidas concretas se tomarán en los municipios y, particularmente, en el sur de Sinaloa, donde las emergencias siguen multiplicándose? La paz sin calendario ni responsables corre el riesgo de convertirse en una pieza de oratoria.
Culiacán, mientras tanto, permanece como una ciudad suspendida entre la quiebra, la desolación y el miedo. Ni siquiera cuenta con un presidente municipal y un ayuntamiento capaces de remover lo que esté a su alcance para recuperar un mínimo de normalidad. En ese escenario, la promesa gubernamental parece dirigirse a una sociedad abstracta, no a los ciudadanos concretos que enfrentan pérdidas, amenazas y abandono.
Tampoco ayuda la conducta de quienes ya ocupan posiciones de poder. No se necesitan más poses de diputados federales, locales o senadores que recorren Sinaloa como si fueran los salvadores de una tierra que ellos mismos han contribuido a administrar. La mayoría no condena con claridad la situación ni ofrece autocrítica. Prefieren la fotografía, el pronunciamiento cuidadosamente redactado y la explicación retrospectiva: todo comenzó con los gobiernos anteriores, todo es culpa de otros, todo se resolverá mañana.
Graciela Domínguez e Imelda Castro llevan años en el poder estatal y federal. Acompañaron al gobernador Rocha y al presidente López Obrador durante buena parte de sus administraciones. Sin embargo, cuando se les pidió una crítica frontal, optaron por la justificación. Ahora se pretende presentar el relevo como un nuevo comienzo, aunque los protagonistas formen parte de la continuidad. La pregunta resulta inevitable: ¿qué han dicho del fracaso rochista? La respuesta, hasta hoy, se parece demasiado al silencio.
La credibilidad no se obtiene repitiendo que “nosotros somos los buenos” o que “nosotros sí decimos la verdad”. Esos sofismas funcionan mientras no lleguen los hechos a desmentirlos. Y los hechos, en política, tienen la mala costumbre de no respetar discursos.
Sinaloa no requiere más palabrería. Requiere decisiones, consecuencias contra la corrupción, cambios en los responsables y un plan público para la seguridad y la justicia. Si no hay cambio de guion, de timón y de ruta, la promesa de transformación será apenas otra administración de la espera.
Y cuando digan: “Apenas estamos comenzando”, Sinaloa podrá responder: no. Llevan ocho años en el poder.
