Culiacán, Sinaloa; agosto 25 de 2026.- Para poner fin a la incertidumbre sobre la titularidad del Poder Ejecutivo, recuperar la gobernabilidad y dar certeza jurídica y política a Sinaloa, la diputada priista Paola Gárate anunció la presentación formal de una denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya, cuya pretensión principal es su destitución del cargo de Gobernador Constitucional y la inhabilitación que corresponda conforme a la Constitución y la Ley de Responsabilidades.

La legisladora sostuvo que el Congreso del Estado tiene hoy la responsabilidad de actuar como Poder del Estado y no limitarse a procesar decisiones que mantengan la incertidumbre sobre quién conduce el Ejecutivo estatal.

“Esta acción tiene un propósito político e institucional muy concreto: impedir que Rubén Rocha vuelva a tomar el control del Gobierno de Sinaloa y devolverle certeza al estado”, afirmó.

Gárate explicó que la vía del juicio político es autónoma de cualquier investigación penal y que el hecho de que Rocha Moya se encuentre con licencia no debe utilizarse como argumento para impedir que el Congreso revise las responsabilidades políticas que pudieran derivarse del ejercicio de su encargo.

“La licencia no puede convertirse en un mecanismo para mantener abierta indefinidamente la posibilidad de regresar al cargo y prolongar la incertidumbre política de Sinaloa”, señaló.

La diputada recordó que Rocha Moya permaneció 112 días separado del cargo, regresó a la gubernatura el pasado 21 de agosto y, apenas 34 horas después, volvió a solicitar licencia por tiempo indefinido. El Congreso aprobó esta nueva solicitud el 23 de agosto y abrió el procedimiento para determinar quién deberá ocupar el Poder Ejecutivo.

“La gubernatura de Sinaloa no puede abrirse y cerrarse según la conveniencia de una persona, ni utilizarse para probar si todavía existen condiciones para sostener un proyecto político agotado”, manifestó.

NO OTRA PAUSA ADMINISTRATIVA, SINO UNA TRANSICIÓN REAL

Paola Gárate advirtió que la experiencia de los últimos meses demuestra que una sustitución temporal no necesariamente significa una transición de gobierno.

Durante los 112 días anteriores, dijo, Sinaloa tuvo una gobernadora interina, pero las decisiones políticas continuaron vinculadas a la misma estructura de gobierno.

“Fue una pausa administrativa, no una transición. Repetir ese esquema solamente prolongaría la crisis. Sinaloa necesita cerrar esta etapa, no mantenerla artificialmente hasta el final del sexenio”, sostuvo.

Por ello, consideró que la presentación del juicio político y la definición de una persona que conduzca el Ejecutivo durante el resto del periodo deben formar parte de una misma salida institucional.

La persona que encabece esta etapa, agregó, debe contar con solvencia pública, capacidad de gobierno e independencia suficiente para atender la emergencia de seguridad, proteger la economía, recuperar la confianza y conducir una transición institucional ordenada.

SINALOA NECESITA GOBERNABILIDAD PARA ENFRENTAR LA CRISIS

La diputada priista señaló que la discusión sobre la gubernatura no puede separarse de la realidad que enfrentan actualmente las familias sinaloenses.

La violencia ha provocado víctimas, desplazamiento de familias, cierre de negocios, pérdida de empleos y debilitamiento de la inversión. Culiacán registra una percepción de inseguridad de 90.8 por ciento, mientras que en julio de 2026 Sinaloa acumuló 21 mil 316 empleos formales menos que en julio de 2024, antes del inicio de la actual crisis de seguridad.

“Ese deterioro exige estabilidad política y capacidad de decisión. Exige recuperar la confianza. Nada de eso puede construirse mediante otra designación tomada exclusivamente para garantizar la continuidad de un grupo político”, afirmó.

Gárate sostuvo que la decisión sobre quién debe conducir el Ejecutivo no puede reducirse a un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias del Congreso.

Debe existir, dijo, un diálogo amplio con quienes generan empleos, trabajadores, universidades, organizaciones sociales y colectivos de víctimas.

“No estamos hablando solamente de quién ocupa una silla. Estamos hablando de quién tendrá la responsabilidad de conducir a Sinaloa durante una de las etapas más difíciles de su historia reciente”, puntualizó.

EL CONGRESO DEBE DECIDIR PENSANDO EN SINALOA

La legisladora cuestionó que la definición del futuro inmediato del Ejecutivo pueda realizarse mediante acuerdos políticos cerrados y llamó a las distintas fuerzas parlamentarias a asumir su responsabilidad frente a más de tres millones de sinaloenses.

“Morena podrá tener los votos para imponer un nombre, pero eso no significa que tenga la legitimidad política para decidir por sí solo qué necesita Sinaloa”, expresó.

Gárate enfatizó que el juicio político no constituye una disputa personal, sino el ejercicio de una herramienta constitucional para que el Congreso analice la responsabilidad política del gobernador y, en su caso, determine las consecuencias correspondientes.

La denuncia, añadió, debe tramitarse conforme a derecho y con pleno respeto al procedimiento establecido.

Finalmente, la diputada priista sostuvo que Sinaloa necesita dejar atrás la incertidumbre y recuperar la confianza en sus instituciones.

“Sinaloa ya pagó demasiado por la incapacidad y la soberbia de un gobierno marcado por graves señalamientos. Merece una salida política seria que cierre una etapa profundamente dañina. Hoy este Congreso debe decidir si protege la continuidad de un grupo o abre una transición para proteger a Sinaloa”, concluyó.

REDACCIÓN/VISION CIUDADANA.