*La Universidad se encuentra protegida a través del interés legítimo por quienes tramitaron esos juicios de amparo*
El director de Asuntos Jurídicos la Universidad Autónoma de Sinaloa, demostró que la UAS está protegida por seis amparos que interpusieron Consejeros Universitarios logrando con ello la suspensión provisional que no está solo en dichos sino, en hechos.
Robespierre Lizárraga Otero, indicó que por tanto es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado (JUCOPO) Feliciano castro Melendrez, miente al declarar una y otra vez que la Universidad no esta amparada y que ésta, falsea información al respecto.
Otero Lizárraga, precisó que tienen seis amparos y tres suspensiones provisionales, amparos que fueron presentados en los juzgados de distrito del estado de Sinaloa.
En conferencia de prensa que se llevó a cabo en Rectoría del Campus Buelna, el abogado defensor de la Casa Rosalina,mostrando documentos en mano, demostró que la Universidad se encuentra protegida a través del interés legítimo de quienes tramitaron estos juicios de amparo.
“Es falso cuando se afirma que esos juicios de amparo solamente protegen al quejoso, existe la figura del interés legitimo, el juez federal decidió otorgar la suspensión al quejoso, para el efecto de que no se aplique la Ley de Educación superior en los artículos 3ro, 4to, 51, 59 y eso indirectamente protege a la universidad porque si el Congreso del Estado decide aplicar esos artículos al quejoso se los aplica forzosamente a la universidad entonces que se atrevan a aplicar la Ley de Educación Superior en los artículos antes mencionados y asumirán las consecuencias administrativas y penales que de eso derivaría por el desacato que determinó una autoridad jurisdiccional federal”.
Así mismo, precisó que respecto al tema de la Auditoria Superior del Estado (ASE) quien ha manifestado que la UAS se niega a ser auditadla, “es falsa esa afirmación” ya que la UAS desde hace más de 15 años, ha venido siendo auditada por lo que no le corresponde a la ASE hacer ese trabajo sino, a la Auditoria Superior de la Federación la única facultada para auditar los fondos federales.
Al Congreso del Estado -dijo- que aplique la Ley de Educación Superior en el estado de Sinaloa pero que también asuma las consecuencias administrativas y penales que se pueden aplicar por violentar una suspensión provisional otorgada por un juez Federal toda vez que en este tema, considerando al respecto que el legislativo se extralimitó al establecer una intromisión a la autonomía universitaria.
Por lo que ofreciendo pruebas con documento en mano llamó a la ciudadanía a estar enterados de lo que realmente sucede y a los universitarios a que defiendan a la universidad y sus principios como educación Superior.
Haciendo referencia a que ya son más de 10 universidades que asumen la postura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
REDACCIÓN/Celina Fonseca.
