Desde hace décadas, Culiacán fue un símbolo de pujanza y desarrollo en el noroeste mexicano. La ciudad crecía a pasos agigantados, y con ella, la demanda de servicios públicos, equipamiento urbano, infraestructura vial y sistemas de señalización. Era un tablero en constante movimiento donde la autoridad, pese a sus esfuerzos, se veía rebasada por el ritmo acelerado de expansión y por las necesidades de una población dinámica que superaba el millón de habitantes. En ese entonces, aunque la presión sobre las instituciones era palpable, había una evidente voluntad por mantener el orden y el progreso. Hoy, sin embargo, la realidad es otra: Culiacán enfrenta la crisis de inseguridad más prolongada en toda su historia, acumulando ya 700 días sumida en un contexto de violencia, muerte, desapariciones y robos, que han transformado la cotidianidad en un ejercicio de supervivencia.
Este sitio que otrora fue símbolo de desarrollo y esperanza, se ha convertido en una ciudad sitiada por el miedo. Lo que agrava esta situación no es solamente el estado de inseguridad sino el vacío de autoridad que permea todos los niveles de gobierno. No hay un gobierno efectivo que asegure los mínimos estándares de bienestar; los servicios que antes resultaban deficitarios hoy están francamente ausentes o en peores condiciones. Sorprende aún más que esta decadencia ocurra cuando la población, lejos de crecer, ha disminuido a aproximadamente 900,000 habitantes, una cifra que refleja, acaso, el éxodo silencioso de quienes buscan refugio fuera de una ciudad que parece cada día menos habitable.
La tristeza de Culiacán se manifiesta en sus calles y avenidas. La infraestructura pública, especialmente la vial, se muestra descuidada y sin mantenimiento. Ejemplos abundan y son elocuentes: semáforos apagados o con luces intermitentes, señales de tránsito inexistentes o ilegibles, ausencia total de nomenclatura callejera e incluso la falta de señalamientos básicos como los altos en esquinas o indicaciones para zonas peatonales. La anarquía en el tráfico ha convertido al centro histórico en un lugar peligroso, donde la vida de los peatones está constantemente en riesgo, sin que exista una autoridad que controle o inhiba conductas irresponsables.
Es contraproducente pensar que esta situación responde a una mera falta de recursos. Culiacán es el municipio con mayor parque vehicular del estado, con una densidad que supera la media estatal y alcanza una proporción de dos habitantes por vehículo. Se calcula que circulan cerca de medio millón de vehículos en la ciudad, lo que genera una recaudación considerable vía impuestos y derechos: tenencia, ISAN, IEPS por gasolina, licencias, multas y placas, sumando aproximadamente cinco mil millones de pesos anuales. Esta cifra debería ser suficiente para financiar un sistema de movilidad eficiente, seguro y ordenado, además de sostener un gobierno municipal funcional y atento a las necesidades básicas de su población.
Entonces, ¿qué nos dice esta paradoja? Que el problema no es solo la falta de dinero ni siquiera la ausencia completa de voluntad, sino una combinación letal de incapacidad institucional, corrupción y prioridades desviadas. Cuando la tragedia social y la descomposición institucional se conjugan, el resultado es el abandono de la ciudad misma, un abandono que se extiende desde la gestión pública hasta la esfera privada, generando un círculo vicioso del cual es difícil salir. La pregunta que debemos hacernos no es sólo “a dónde vamos”, sino también “qué estamos dispuestos a hacer para cambiar el rumbo”.
todo esto nos invita a mirar más allá de los números y estadísticas. Nos obliga a cuestionar la ética del poder y la responsabilidad ciudadana en la construcción de una sociedad justa y segura. Culiacán no puede seguir siendo una ciudad donde la tragedia se naturaliza y el miedo se normaliza. Este momento histórico exige un despertar colectivo, donde el compromiso con la verdad, la justicia y la acción eficaz sean los pilares para recuperar la confianza y reconstruir la ciudad que todos merecen.
