No cabe duda de que en Sinaloa vivimos un enredo profundo, una madeja tejida con hilos oscuros que provienen de la maniobra política de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. El primer día de mayo marcó un episodio que nadie puede ignorar: el gobierno estadounidense solicitó la extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza, acusados por un gran jurado en Nueva York de coludirse con el crimen organizado. A partir de ese momento, el juego político en México se desplegó con rapidez y confusión.
Cinco de los diez funcionarios señalados pidieron licencia temporal para responder ante la Fiscalía General de la República (FGR), excepto Enrique Inzunza, quien no hizo lo mismo. La respuesta oficial fue categórica: México es un país soberano y serán sus instituciones las que determinen la verdad. No obstante, la petición de pruebas al gobierno de Donald Trump parecía más un acto retórico que una exigencia seria. Aquí reside el primer punto de desconcierto. ¿Por qué, entonces, el gobernador Rubén Rocha solicitó licencia indefinida si la FGR no contaba con indicios suficientes y, más aún, la propia Fiscalía, mediante su fiscal especial Ulises Lara López, informó que no encontraron evidencia contra él? ¿Qué necesidad hay de paralizar el gobierno de Sinaloa cuando las instituciones mexicanas han descartado los cargos?
Este contraste revela un mecanismo perverso en la política nacional: el uso de acusaciones internacionales como moneda de cambio dentro de juegos partidistas internos. Se domestica el sistema judicial para fabricar o desmontar narrativas convenientes, y mientras tanto, Sinaloa queda a la deriva, sin cabeza ni rumbo claro. En un estado marcado históricamente por una compleja vinculación entre autoridades y crimen organizado, esta incertidumbre institucional afecta más que a los políticos involucrados: pone en jaque la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
Todavía más inquietante es el manejo dado desde la presidencia. Claudia Sheinbaum ha tomado decisiones que parecen no seguir lógica jurídica ni política, sino una agenda estrictamente partidista. Prohibir a Enrique Inzunza competir por la delegación estatal de la coalición Morena, PT y Partido Verde, obligándolo además a renunciar públicamente a sus aspiraciones, cuando las investigaciones no aportaron pruebas concluyentes en su contra, nos habla de una manipulación del poder. Convertir la justicia en un instrumento de exclusión política degrada el Estado de derecho y alimenta la desconfianza.
La consecuencia inmediata es que Sinaloa se encuentra sumido en un paréntesis institucional: un gobierno que no gobierna y un senador cargado de señalamientos, pero amparado por la investigación local. Este limbo es un síntoma clarísimo de la crisis política nacional. Se diluyen responsabilidades y se instrumentalizan procesos judiciales para agudizar confrontaciones internas, mientras los problemas reales de la sociedad sinaloense —la violencia, la pobreza, la inseguridad— quedan relegados a un segundo plano.
Más allá de las filias y fobias partidistas, urge una reflexión serena sobre la gravedad de usar la justicia y las acusaciones internacionales como armas políticas. La democracia mexicana, todavía frágil, no puede permitirse este tipo de enredos cuyas consecuencias pagamos todos. Para Sinaloa, es urgente recuperar un gobierno efectivo, transparente y responsable que deje atrás este limbo peligroso. Y para el país, es vital que las instituciones judiciales actúen con independencia y rigor, que las presiones políticas no contaminen el proceso, y que la sociedad recupere la confianza perdida.
En suma, la crisis actual en Sinaloa es el reflejo de un México donde la política se ha convertido en un ajedrez opaco, en el que las piezas se mueven más por intereses partidistas que por el bienestar común. La decisión política de Claudia Sheinbaum y Morena no solo enreda aún más al estado, sino que exhibe el fracaso de un proyecto que prometió transparencia y justicia y que, en cambio, se atrinchera en conflictos y exclusiones. En este enredo, la democracia mexiquense clama por dirigentes que prioricen la verdad y la gobernabilidad, no los cálculos mezquinos y los silencios cómplices. Sinaloa merece algo mejor que esta tormenta política sin sentido ni rumbo.
