Durante años, el discurso oficial ha insistido en que las causas de la violencia se combaten con programas sociales, transferencias económicas y atención a sectores vulnerables. Sin embargo, mientras el gobierno federal presume estadísticas favorables y avances en materia de seguridad, millones de mexicanos viven una realidad completamente distinta: la inseguridad continúa afectando su patrimonio, su tranquilidad y, cada vez más, el futuro económico del país.

La inseguridad ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico nacional. La inversión se retrae, los negocios cierran, los costos operativos aumentan y la confianza empresarial se deteriora. Aun así, la respuesta gubernamental parece insuficiente frente a la magnitud del problema.

Resulta preocupante que mientras las organizaciones empresariales denuncian incrementos en delitos como la extorsión, el robo al transporte de carga y los ataques contra comercios, las autoridades continúen apostando por estrategias que no han logrado devolver la tranquilidad a amplias regiones del país. La percepción ciudadana sigue siendo contundente: la mayoría de los mexicanos considera insegura la ciudad donde vive.

La extorsión se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de esta ausencia de resultados. Miles de pequeños y medianos empresarios enfrentan diariamente el cobro de «derecho de piso», amenazas telefónicas y presiones criminales que terminan afectando empleos, inversiones y proyectos de expansión. Para muchos comerciantes, la pregunta ya no es cómo crecer, sino cómo sobrevivir.

Mientras tanto, los transportistas enfrentan carreteras cada vez más peligrosas. El robo de mercancías genera pérdidas multimillonarias que finalmente terminan trasladándose a los consumidores mediante mayores precios. Cada asalto a un camión, cada cierre temporal de una carretera y cada acto de violencia representa un costo adicional para la economía nacional.

La situación resulta particularmente grave en estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Guanajuato, donde la actividad económica ha resentido los efectos de la violencia. Comercios que cierran antes de tiempo, restaurantes vacíos durante las noches, eventos cancelados y empresarios que optan por trasladar sus inversiones a otras regiones son escenas cada vez más frecuentes.

Lo más preocupante es que el gobierno parece haberse acostumbrado a administrar la crisis en lugar de resolverla. Se anuncian operativos, se presentan estrategias y se realizan conferencias de prensa, pero los resultados percibidos por la ciudadanía continúan siendo limitados. La narrativa oficial insiste en que existe una disminución de ciertos delitos, mientras las familias siguen modificando sus rutinas por miedo y las empresas incrementan sus presupuestos de seguridad para compensar la ausencia del Estado.

La seguridad pública es una de las obligaciones fundamentales de cualquier gobierno. Sin seguridad no existe libertad económica, no existe inversión sostenible y tampoco existe desarrollo social. Ninguna estrategia de crecimiento, ningún plan de infraestructura y ningún programa social puede sustituir la necesidad básica de que los ciudadanos puedan vivir, trabajar y emprender sin miedo.

México posee ventajas extraordinarias para convertirse en una potencia manufacturera y logística. El fenómeno del nearshoring representa una oportunidad histórica. Sin embargo, ningún inversionista apuesta plenamente por regiones donde la delincuencia organizada controla territorios, donde la extorsión es cotidiana y donde las carreteras se han convertido en zonas de riesgo.

La verdadera pregunta ya no es cuánto cuesta la inseguridad. Los datos económicos muestran que la factura es multimillonaria. La pregunta es cuánto tiempo más puede permitirse México pagar el costo de una estrategia que no ha logrado devolver la paz a buena parte del país.

Porque cuando el gobierno falla en garantizar la seguridad, no solamente fracasa una política pública. Se compromete el crecimiento económico, se debilita la confianza ciudadana y se pone en riesgo el futuro de toda una nación.

La inseguridad ya no es únicamente un problema de seguridad. Es el principal obstáculo para el desarrollo de México. Y la inacción gubernamental está resultando demasiado cara para todos.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

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