Visión Ciudadana

la música que promueve la violencia no debe difundirse en escuelas, transporte ni festivales públicos: Teresa Guerra


Culiacán, Sinaloa; junio 09 de 2026.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura al dictamen que propone diversas reformas legales orientadas a prevenir la difusión de contenidos que hagan apología del delito o promuevan la violencia en espacios públicos, escuelas y unidades del transporte público.

La iniciativa, elaborada a partir de propuestas presentadas por diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PAN y Morena, contempla modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación, la Ley de Gobierno Municipal y la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la diputada morenista Teresa Guerra Ochoa, aclaró que la propuesta no busca restringir las libertades individuales ni prohibir que las personas escuchen la música de su preferencia en espacios privados.

Explicó que el objetivo es regular los contenidos que se difunden en espacios administrados por autoridades públicas, así como en escuelas y unidades de transporte público, privilegiando aquellos que contribuyan a la construcción de la paz, la convivencia armónica y la protección de niñas, niños y adolescentes.

“Los ciudadanos tienen todo el derecho de escuchar los contenidos que quieran en sus espacios privados, pero creemos que en los espacios públicos debe existir una regulación para evitar contenidos que reproduzcan violencia o hagan apología del delito”, señaló.

La legisladora indicó que la reforma también busca evitar que en festivales escolares, celebraciones oficiales, actividades culturales organizadas por municipios o en el transporte público se reproduzcan contenidos que contradigan las políticas de protección a las infancias y de prevención de la violencia.

Asimismo, explicó que, una vez aprobadas las reformas, el Congreso analizará la incorporación de sanciones dentro de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el fin de establecer consecuencias para quienes incumplan las nuevas disposiciones.

Guerra Ochoa, precisó que las posibles sanciones podrían recaer en operadores del transporte público, directivos escolares o funcionarios responsables de espacios públicos, dependiendo de cada caso, aunque aclaró que ese apartado aún deberá discutirse en una etapa posterior.

El dictamen será sometido a una segunda lectura y posterior votación en las próximas sesiones del Poder Legislativo.

REDACCIÓN/CELINA FONSECA.


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