Desde que iniciaron las cosechas de maíz a principios de mayo, fue evidente que algo andaba mal. Las expectativas calculadas en abril, que apuntaban a rendimientos promedio de entre 10 y 12 toneladas por hectárea, simplemente no se cumplen. La realidad es que los productores están obteniendo apenas entre 7 y 8 toneladas por hectárea, lo que significa una merma severa de 2 a 3 toneladas. Esta caída tiene un efecto devastador para quienes trabajan la tierra, pues trastorna por completo las cuentas que en su momento parecían sostenibles.
El acuerdo establecido entre los productores y los gobiernos federal y estatal —una bolsa con un precio base de 6000 pesos por tonelada, conformada por 1300 pesos del gobierno federal, 400 del estatal y 4300 completado por el mercado—, ya era insuficiente ante los costos de producción, estimados en alrededor de 65,000 pesos por hectárea. Se apostó a un rendimiento mínimo de 10 toneladas para que la propuesta tuviera sentido. Sin embargo, con las cosechas que se están reportando a mayo, esa apuesta se desvanece.
Veamos los números: con 10 toneladas a 6,000 pesos, el ingreso bruto sería de 60,000 pesos por hectárea, lo que sigue siendo deficitario si consideramos costos de producción de 65,000 pesos, pero con la posibilidad de ajustar gastos y no perder tanto. Ahora, con sólo 7 u 8 toneladas, el ingreso baja a entre 42,000 y 48,000 pesos, aumentando el déficit y eliminando cualquier posibilidad de utilidad. No hay margen para sostener a una familia ni para reinvertir. Lo que antes se consideraba una pérdida manejable se vuelve catastrófico.
¿La solución? Sencilla en teoría, pero complicada en la práctica: elevar el precio mínimo por tonelada a, cuando menos, 7,500 o idealmente 8,000 pesos. Solo así se podría cubrir la pérdida y generar un ingreso básico para las familias campesinas. Para alguien con 10 hectáreas, esto significaría obtener un ingreso promedio mensual cercano a 10,000 pesos, apenas suficiente para la manutención mínima.
Pero este no es un problema homogéneo. Cerca del 80% de los productores siembran menos de 10 hectáreas y son los más vulnerables a estas condiciones adversas. Quienes tienen grandes extensiones —más de 30 o incluso 100 hectáreas— cuentan con mayores ventajas y acceso a mejores mercados. Si se mantiene una política única de precios, lo que se consigue es quebrar masivamente a los pequeños y medianos agricultores mientras se protege a unos pocos grandes.
Resulta indispensable entonces que el gobierno adopte un criterio diferenciado en los apoyos y estímulos. No basta con mantener una política generalizada que obliga a los pequeños a cargar con la peor parte del costo. Es justo apoyar más a quienes menos tienen y ajustar las condiciones para quienes cultivan grandes superficies, no solo por justicia social sino por estrategia económica: si se quiebran los pequeños productores, el sector agrícola se empobrece, se pierde diversidad y se pone en riesgo la seguridad alimentaria.
Quienes argumentan que estas intervenciones rompen las reglas del mercado olvidan que ese mismo mercado nunca ha sido igual para todos. Los grandes productores gozan de mejores condiciones para negociar, acceder a créditos y tecnologías. El gobierno sabe esto y no puede seguir haciéndose de la vista gorda ante la desigualdad estructural. La defensa del campo mexicano requiere de inteligencia política y sensibilidad social, no de fórmulas rígidas que terminan por favorecer a unos cuantos a costa de la mayoría.
En suma, el panorama que nos presenta la actual cosecha no admite complacencias ni discursos simplistas. Si no se ajustan los precios, si no se diseñan esquemas diferenciados de apoyo, buena parte del sector maicero quedará al borde del colapso. Y no se trata solo de números: se trata de hogares, historias y vidas que dependen del buen tino y la voluntad de quienes gobiernan. Porque el futuro del campo mexicano está en juego y no podemos darnos el lujo de que vuelva a perder.
