Mucho ruido y más especulaciones son los que ha generado la supuesta reforma electoral propuesta recientemente, la cual, al final del día, se reduce principalmente a consolidar los acuerdos de la alianza gobernante conformada por la 4T, el PT y el Partido Verde Ecologista. No obstante, dicha reforma no modifica en lo más mínimo lo que desde su origen ha sido el proyecto electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y más bien supone una ratificación de su autocracia, la cual parece caminar con mayor fuerza hacia una dictadura de hecho.
Esta reforma, lejos de representar un avance democrático, responde a una estrategia política calculada que busca mantener el statu quo vigente en el país. Quienes adoptamos una mirada crítica sobre estas maniobras políticas afirmamos que se trató, también, de una especie de diáspora política cuyo mejor escenario sería suavizar las relaciones con Estados Unidos para sostener ese narcosistema que se ha consolidado bajo la 4T. Paralelamente, esta maniobra podría estar dirigida a preparar un manejo más suave de una transición política en Cuba al estilo Venezuela, pero bajo la forma de una negociación pacífica, donde Mexico juegue un papel de mediador o aliado estratégico.
¿Por qué califico esta reforma como una “bola de humo”? La clave se encuentra en la revocación de mandato tal y como fue diseñada al inicio del gobierno de AMLO. Este esquema es el más favorable no para fortalecer la democracia, sino para afianzar la autocracia. Las condiciones establecidas para que funcione la revocación de mandato hacen prácticamente imposible que la oposición ciudadana puedan superar la ecuación diseñada por el oficialismo: se requiere que vote más del 40% del padrón electoral, que la votación se realice un año después de la elección constitucional que llevó al presidente al poder, y que el resultado, al ser vinculante, sea mayoritariamente en contra de la continuidad presidencial. Esta combinación de requisitos resulta insalvable en las actuales condiciones políticas y culturales del país.
Primero, porque ninguna elección no electoral podrá jamás contar con las mismas condiciones de competencia que una elección tradicional. Esto incluye, fundamentalmente, la asignación presupuestal para la organización, así como el nivel de movilización política. La experiencia reciente lo demuestra: la revocación de mandato organizada en 2022 y la elección del poder judicial en junio de 2025 mostraron cómo la movilización política en estos ejercicios es mucho más reducida y con un impacto político limitado. Segundo, el umbral mínimo requerido del 40% del padrón electoral para que el resultado sea vinculante es particularmente alto si se considera que la participación en elecciones regulares ronda apenas el 50%, y en algunos casos es incluso menor. Es sumamente difícil alcanzar ese estándar cuando se compite entre 10 partidos nacionales con más de 10,000 candidatos, miles de brigadas y abundante propaganda; sustituir esta complejidad por una revocación de mandato simplificada resulta prácticamente inviable en una sociedad cuya cultura política aún traduce sus decisiones democráticas en competencias electorales tradicionales y altamente mediáticas.
Tercero, está el peso y la fuerza del aparato gubernamental que se mueve bajo las órdenes del presidente que se pretende revocar, lo que constituye un absurdo desde cualquier óptica democrática. La estructura gubernamental actúa como un brazo protector del mandatario, lo que sesga de manera evidente cualquier proceso de esta naturaleza. En contraste, una revocación de mandato realizada bajo un esquema de competencia electoral permitiría la movilización de todas las fuerzas políticas, incrementando la transparencia y legitimidad del proceso.
Los aliados de la coalición gobernante que se opusieron a modificar la fecha de la revocación lo hicieron porque, evidentemente, perderían margen de maniobra y correrían mayores riesgos políticos. Sin embargo, utilizaron esta figura como un instrumento para simular pluralidad y respeto a las minorías, mientras mantienen prácticas abusivas como la sobrerrepresentación en el Congreso. Este equilibrio precario les permite conservar el control sin aparentes fricciones internas, aunque la realidad es que la coalición opera como un bloque sólido.
En conclusión, esta reforma electoral representa poco más que una farsa diseñada para perpetuar un régimen autocrático bajo la apariencia de legalidad y pluralidad. Los mecanismos instaurados para la revocación de mandato muestran claramente que están diseñados para proteger a la figura presidencial, acotar la oposición y evitar cualquier posibilidad real de alternancia política. La democracia mexicana enfrenta así un reto mayúsculo, pues las reglas del juego han sido configuradas para garantizar que el poder se mantenga en manos de quienes hoy lo detentan, bajo un sistema que cada vez se aleja más de los valores democráticos esenciales.
