Desde hace quince años, el proyecto de construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo avanza a paso de tortuga, víctima de una pelea aparentemente sin fin y de causas poco claras. Las recurrentes demandas de ambientalistas han sido un factor constante en este lento avance, pero detrás de estas protestas se encuentran, en buena medida, intereses agroindustriales que se dedican a la importación de fertilizantes. Este es un negocio lucrativo que genera pingües ganancias para quienes resultan afectados por la obra, en particular grupos como Corérepe de Ahome y Agroindustrias del Norte en Sinaloa, que se ven amenazados por la producción local de fertilizantes promovida por esta planta, actualmente apenas a la mitad de su construcción.

La planta de amoniaco del grupo Proman, con capital suizo y alemán, ha sorteado finalmente los obstáculos principales: las consultas a la sociedad civil, los reclamos de los grupos indígenas, e incluso el fallo de la Suprema Corte. Sin embargo, cuando parecía que el proyecto comenzaba a despegar, nuevos nubarrones aparecen en el horizonte. Un grupo de indígenas y ambientalistas recorre Europa denunciando supuestos daños ecológicos que la planta podría causar a la bahía de Ouira, poniendo en riesgo nuevamente la viabilidad del proyecto.

Es curioso este escenario si consideramos que esta industria, en conjunto con Pemex y la CFE, busca establecer un complejo industrial que produzca mezclas de hidrocarburos más efectivas, menos contaminantes y a menor costo. La planta pretende combinar la producción de etanol, metanol y amoniaco, este último un elemento fundamental y escaso en México para la elaboración de fertilizantes esenciales en la agricultura.

El dato relevante es que México consume 5.5 millones de toneladas de fertilizantes, pero sólo produce 2 millones, importando alrededor de 3 millones de toneladas principalmente de Estados Unidos. Empresas transnacionales como Pioneer, Monsanto y Cargill dominan esa importación, y sus intermediarios nacionales son los beneficiarios directos de ese mercado. Ante esto surge una pregunta inevitable: ¿quién promueve y financia a esos grupos ambientalistas e indígenas que hoy recorren Europa para boicotear la planta de Topolobampo?

Quizá la respuesta sea sencilla, pero es urgente que la sociedad y el gobierno tengan claridad sobre estos conflictos, porque aquí está en juego una inversión alrededor de 8,000 millones de dólares y la generación de 6,000 empleos. Lo que no puede pasar desapercibido es que la verdadera amenaza para la Bahía de Ohuira no es la planta, sino el pésimo manejo de las aguas residuales en Los Mochis, donde el 80% de sus desechos son vertidos sin tratamiento al cuerpo de agua. Lo mismo sucede en Culiacán con la Bahía de Santa María y en Guasave con la Bahía de Navachiste. Son las aguas negras, no la planta, las que están matando nuestro ecosistema.

Ojalá el gobierno de Sinaloa mantenga la firmeza necesaria para enfrentar estos fantasmas que sólo buscan desviar la atención y obstaculizar proyectos fundamentales para el desarrollo regional. La planta de amoniaco no sólo cubrirá la demanda anual de 500,000 toneladas para la agricultura sinaloense y 300,000 para Sonora, sino que ayudará a reducir el déficit nacional que seguirá siendo de 2 millones de toneladas a menos que se construyan más plantas como esta. La esperanza es que este proyecto siga adelante y que se impulse la construcción de otras instalaciones similares para fortalecer la soberanía alimentaria y económica de México.