Como nunca, como si viviéramos en la época más arcaica del sistema político mexicano, observamos un trastocamiento de las más elementales reglas del proceso electoral. Desde que empezaron sus campañas, múltiples personas de la coalición gobernante conformada por Morena, PT y el Partido Verde Ecologista recorren los pueblos del país con una ostentación que recuerda a épocas no tan lejanas, exhibiendo sonrisas y posturas diseñadas para posicionarse ante el electorado. Este derroche económico en publicidad, reuniones y gastos diversos no es más que una campaña disfrazada; aunque algunos argumentan que esta comenzó oficialmente hace poco, la realidad es que ya se sembraron las semillas mucho antes, sin el más mínimo recato.
Desde las elecciones de 2021 y mirando hacia las de 2024, donde se eligió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Unión, la naturaleza de lo que muchos han denominado “elección de Estado” ha sido evidente. El ejercicio del poder bajo la política de «abrazos, no balazos» se ha convertido en un manto que cubre un legado de gobiernos criticados por sus connotaciones nefastas. Este desarrollo no solo refleja una falta de respeto hacia los tiempos electorales establecidos, sino también una seria violación a los principios democráticos básicos, mostrando un desprecio por el sistema electoral en su conjunto.
Los actos de la 4T en este periodo son más que simples irregularidades; reflejan una intención deliberada de construir un gobierno totalitario. Al utilizar tácticas que rebasan los límites de la ley y al manipular la representación electiva a su favor, se impone un sistema político que busca consolidar su mayoría constitucional a costa de la justicia electoral. La estrategia es clara: garantizar que quienes no ganaron en las urnas sean sobrerrepresentados, asegurando así un control absoluto del poder. Este fenómeno no es nuevo, pero su expresión actual ha superado todas las expectativas.
Incluso dentro de su propio partido, las advertencias han caído en oídos sordos. El gobernador Rubén Rocha, en el caso de Sinaloa, ha llamado a ceñirse a las normas y evitar la anticipación de campañas, pero este llamado parece haber sido ignorado sin la más mínima consideración. La reciente visita de Imelda Castro a Mazatlán, justo después del consejo nacional de su partido, marca un hito en la impudicia política: un evento multitudinario en el Día Internacional de la Mujer para arrancar su propia campaña es un acto que roza lo provocador.
A medida que se desarrollan estos eventos, es innegable que figuras como Imelda Castro están conscientes del poder que poseen. La cercanía con líderes influyentes como René Bejarano y Dolores Padierna proporciona un respaldo económico y político fundamental que podría asegurar un triunfo en la contienda interna de Morena. Se da por hecho que la estructura de poder está diseñada para favorecer a aquellos que, aunque no representen verdaderamente la voluntad popular, tienen el apoyo necesario para hacerse con la presidencia del partido y, eventualmente, del país.
Hoy, transitamos por un panorama electoral que no solo es preocupante, sino alarmante. Las prácticas nocivas del autoritarismo se infiltran en cada rincón del proceso electoral, dejando en entredicho la esencia misma de la democracia. Lo que se presenta como un ejercicio democrático se torna en una farsa, donde el cinismo y el abuso de poder se entrelazan en un baile oscuro, poniendo en riesgo los derechos y la voz del pueblo.
En conclusión, la Cuarta Transformación ha demostrado que su verdadera ambición no es el fortalecimiento de la democracia, sino la consolidación de un poder sin límites. Las advertencias y las críticas son, lamentablemente, solo ecos en un mar de indiferencia que no parece tener fin. A medida que nos acercamos a las próximas elecciones, es crucial que los ciudadanos mantengan un ojo crítico y una voz firme, recordando que la democracia no se regala, se defiende.
