La desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) en Sinaloa no es un simple ajuste administrativo. Es, en los hechos, un retroceso democrático que debilita uno de los pocos contrapesos reales entre el ciudadano y el poder público. Quitar al órgano garante autónomo de transparencia equivale a decirle a la sociedad: “confía, no preguntes”. Y esa nunca ha sido una buena política pública.
La transparencia no nació para incomodar ciudadanos, sino para incomodar al poder. Por eso se diseñó con autonomía. Trasladar la función garante a las contralorías internas de los propios entes obligados rompe el principio básico de imparcialidad: nadie debe ser juez de su propia opacidad. Hoy, en Sinaloa, quien decide qué información entregar es, en esencia, la misma estructura que tiene interés en no entregarla.
El mensaje es claro y peligroso: el acceso a la información deja de ser un derecho exigible y se convierte en un trámite discrecional. Ya no habrá un árbitro especializado que obligue, corrija, sancione o siente criterios uniformes. Habrá múltiples criterios, múltiples interpretaciones y una certeza jurídica fragmentada. El ciudadano común, el periodista, el empresario o el académico quedarán atrapados en un laberinto administrativo sin salida clara.
Este cambio no sólo afecta a la transparencia; golpea directamente a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Menos escrutinio significa más margen para clasificar información como “reservada”, más silencios administrativos y más simulación institucional. En un estado que enfrenta retos graves en seguridad, finanzas públicas y confianza social, cerrar ventanas de información es una irresponsabilidad política.
La afectación se extiende también a la protección de datos personales. Sin un órgano técnico e independiente, la defensa de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) se debilita. ¿Quién garantizará que los datos de los ciudadanos no se usen indebidamente cuando el vigilante depende jerárquicamente del vigilado? La confianza institucional se erosiona cuando el diseño mismo genera sospecha.
Más preocupante aún es el cómo. Una reforma aprobada de forma acelerada, sin debate amplio ni escucha real a la sociedad civil, periodistas, colegios profesionales o academia, no fortalece al Estado: lo debilita. Las decisiones estructurales no se toman a prisa cuando lo que está en juego es un derecho humano reconocido constitucionalmente.
Sinaloa no necesitaba menos transparencia; necesitaba mejor transparencia. Profesionalizar, evaluar, corregir y fortalecer al órgano garante era el camino. Optar por desaparecerlo es optar por la comodidad del poder sobre el derecho del ciudadano.
Hoy el riesgo no es teórico: es práctico. Menos información, menos control, menos confianza. Y cuando la transparencia se apaga, lo que crece no es la eficiencia, sino la opacidad. La historia demuestra que ese siempre es un mal negocio para la democracia… y para Sinaloa.
Mensaje navideño (con todo respeto):
Feliz Navidad y próspero Año 2026. Que el próximo año nos traiga paz, salud y —si no es mucha molestia— alguna respuesta a nuestras solicitudes de información. Y si no llegan, no se preocupen: ya aprendimos que preguntar demasiado es cosa del pasado. 🎄✨
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
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