*Necesitamos un cambio de fondo.

Culiacán, Sinaloa; 23 de octubre de 2025. – La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa informó que dará seguimiento a las denuncias presentadas por familiares de personas privadas de la libertad que acusan presuntos casos de tortura y abuso de autoridad al interior de los centros penitenciarios del estado.

El visitador penitenciario Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo dijo que durante la presente semana acudió al penal donde se originaron las denuncias y realizará una nueva visita este viernes para documentar los hechos y atender posibles casos nuevos que pudieran presentarse.

Dijo también que las familias afectadas acudieron en masa el pasado martes a las instalaciones de la Comisión para exponer irregularidades y exigir la intervención de las autoridades, señalando presuntos actos de violencia, tortura y malos tratos dentro de los penales.

Ante ello, la CEDH precisó que, de confirmarse las acusaciones, se solicitará la apertura de carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ya que la tortura constituye un delito grave.

“La tortura es un delito grave y debe castigarse, sean o no autoridades estatales o federales. Si existen elementos, se aplicará el Protocolo de Estambul, que no permite mentiras y facilita determinar si hubo o no tortura”, subrayó.

“Además de atender las denuncias, el organismo planteó la necesidad de repensar el sistema penitenciario en su conjunto, destacando que no se resolverán los problemas internos solo con medidas administrativas o sustitución de personal.

“Necesitamos un cambio de enfoque en lugar de importar administradores, debemos formar profesionales desde nuestra Universidad de la Policía, no solo como custodios o agentes, sino como administradores civiles de los penales. Las cárceles son un espejo de nuestra sociedad; si afuera no resolvemos los conflictos, tampoco lo haremos adentro”, señaló.

La Comisión reiteró su compromiso de mantener vigilancia constante en los centros penitenciarios y de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como de sus familias.

REDACCIÓN/CELINA FONSECA.