La Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas establece con claridad que la deuda de corto plazo que autoriza el Ejecutivo Estatal debe ser liquidada dentro del mismo año fiscal en que se asume. Nadie debería dejarle cargas a su sucesor; esa es la regla básica, y sin embargo, nos encontramos a las puertas del quinto año de gobierno de Rubén Rocha con una deuda de corto plazo que no solo crece, sino que se multiplica como un monstruo insaciable, amenazando con convertirse en una bola de nieve que desbordará las arcas públicas en el cierre de su mandato, programado para el 30 de junio de 2027.
En el horizonte financiero se cierne una tormenta. Solo en este año, el gobierno de Sinaloa ha solicitado dos créditos por un total de 3,000 millones de pesos: $1,500 millones para obra pública y otros $1,500 millones dispuestos para tapar agujeros heredados del gobierno anterior. Uno se pregunta, ¿es esta la estrategia que realmente necesita Sinaloa? La imprudencia previene cualquier razonamiento económico sensato. Estos $1,500 millones solicitados recientemente se destinarán a liquidar deudas con el SAT, recursos que fueron mal gestionados en el gobierno de Quirino Ordaz y que hasta la fecha siguen sin rendir cuentas. ¿A dónde fueron esos fondos? ¿Por qué el actual gobernador no exige responsabilidad por la mala administración previa?
Pero sigamos sumando: a estos se añaden casi 5,000 millones gastados en la fallida operación de compra de 750,000 toneladas de maíz, que permanecieron ociosas en almacenes durante un año, costando al gobierno $200 pesos por tonelada cada mes solo en almacenaje. ¿Dónde están los resultados de esa transacción? ¿Se vendió algún grano? ¿A quién? ¿Y a qué precio? El silencio ensordecedor del gobernador es palpable, y con él, la sensación de que hay mucho más oculto tras este fiasco financiero.
Si sumamos los 4,500 millones arrastrados hasta 2022, estamos ante un panorama desolador: más de 13,000 millones de pesos, equivalentes al 20% del presupuesto estatal de 60,000 millones. Y mientras todo esto ocurre, el Gobierno Federal va reduciendo sus apoyos a Estados y municipios, lo que se traduce en una previsión económica sombría para el cierre de 2025. Una economía estatal que agoniza, exacerbada por sequías y otras calamidades que seguirán disminuyendo los ingresos estatales y complicando el cumplimiento de obligaciones.
A pesar de esta catástrofe en curso, la administración rochista ha decidido embarcarse en un nuevo crédito de 1,500 millones justo cuando las condiciones económicas son más adversas. Es un acto de desesperación, una jugarreta que, al final, podría dejar el mismo legado de irresponsabilidad que llevó Quirino a dejar una deuda de casi 4,000 millones y un conflicto perdido de 1,400 millones con el SAT. La pregunta retumba: ¿por qué no dejar a su sucesor otra carga similar o mayor?
Sí, lo pueden hacer, pero sería un acto descarado que solo evidenciaría la ruina financiera inminente del estado. Este ciclo de endeudamiento ciego no solo pone en peligro la estabilidad económica de Sinaloa, sino que lleva al gobierno estatal al borde de la quiebra. No se vale. El pueblo merece transparencia, responsabilidad y un liderazgo que no evite rendir cuentas antes de salir por la puerta. La deuda ya no es solo un número; es una sombra que acecha el futuro de todos los sinaloenses.
