El pasado jueves, en este mismo espacio, abordamos con preocupación el acelerado reacomodo de las tendencias geopolíticas que está generando una crisis política y económica en México.

Esta situación, que el gobierno de la República no puede ignorar, exige respuestas inmediatas y efectivas: es crucial implementar políticas de contención, control de daños y, sobre todo, una reorientación radical de la política nacional. De lo contrario, corremos el riesgo de que la crisis se descontrole, llevando al país a un caos mayor.

La reciente administración encabezada por Claudia Sheinbaum parece estar tomando nota de estos desafíos.

Estamos viendo cómo se intensifican los acercamientos y compromisos con el gobierno de Estados Unidos, una estrategia que, aunque pueda ser vista como necesaria, puede desatar contradicciones profundas dentro del régimen de la Cuarta Transformación (4T).

Esta nueva dinámica no solo presenta un reto para el gobierno, sino que también remodela las perspectivas de México en su confrontación con China y en sus esfuerzos por sustituirlo en el mercado de América del Norte.

La complejidad de esta situación se hizo aún más evidente tras la visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el pasado 2 de septiembre. Su encuentro privado con la presidenta Sheinbaum y su gabinete marcó un punto de inflexión.

Las reacciones fueron inmediatas. La detención de Hernán Bermúdez, líder de la barredora, junto con la implementación de un arancel del 50% a todas las importaciones chinas y el anuncio del más ambicioso programa de desarrollo industrial en México con el objetivo de sustituir a China en las importaciones hacia Estados Unidos y fortalecer las cadenas de valor que permiten hoy por hoy, que México sea su principal socio comercial en el mundo.

Son ejemplos claros de cómo Estados Unidos está utilizando su influencia para alinear a México con sus intereses más estratégicos. La lógica detrás de estas acciones es clara: “business are business”.

Desde Washington, se impone la premisa de maximizar la renta económica, independientemente de la procedencia.

Esto significa que están dispuestos a negociar todo desde la democracia hasta la seguridad nacional siempre que obtengan réditos económicos favorables. Esta es la realidad brutal en la que nos encontramos: el capital no tiene patria; tiene intereses.

México, que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador creyó que podía navegar solo, ahora debe enfrentar la dura realidad de que sus errores se están cobrando.

El país se encuentra en una posición comprometida, casi de rodillas ante el coloso del norte.

Aún más alarmante es que la administración actual parece no haber asimilado que es momento de salvar lo que se pueda, evitando que el país siga atrapado en la maraña de intereses corruptos que han socavado su estabilidad.

La urgencia no puede ser subestimada. La reorientación de la política económica y social de México es esencial, y la pregunta clave es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para evitar una mayor degradación?

Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para definir el rumbo del país y para determinar si podremos resistir ante las presiones externas y los errores del pasado.

Es vital que el gobierno de México entienda que virar en esta tormenta geopolítica es el mínimo que deben hacer.

Pero deberíamos cuestionarnos, ¿cuáles son las metas a largo plazo? Y, más importante aún, ¿quién se beneficiará realmente de estas decisiones? Solo el tiempo dirá si somos capaces de salir adelante sin ceder ante la presión de los intereses ajenos.