No cabe duda de que el diseño del gobierno de Morena y la Cuarta Transformación (4T) se ha convertido en un espectáculo político que busca perpetuar una narrativa que, a todas luces, es engañosa. A partir del primero de septiembre, este gobierno ha emprendido una nueva fase de exaltación, coincidiendo con el inicio del segundo año de gestión de Claudia Sheinbaum. En el contexto de la cada vez más próxima campaña electoral de 2027, que comenzará formalmente en septiembre del 2026, la intención parece clara: nublar los fracasos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, así como la incertidumbre que rodea el gobierno actual.

La estrategia política es evidente: engañar, mentir, simular y burlarse de la ciudadanía para sostener el mito de la “nueva república”, que supuestamente se aleja de las prácticas corruptas de administraciones pasadas. Sin embargo, uno de los saldos más vergonzosos de esta gestión ha sido la impunidad que han perpetuado. Tras siete años en el poder, no hay datos concretos de juicios contra funcionarios de Morena; ni siquiera hay una caída notable en la cárcel que ponga en entredicho su conducta. Esto plantea serias preguntas sobre el verdadero compromiso del gobierno con la justicia.

Cuando observamos casos como el de los hermanos López Obrador, Pío y Martín, exonerados por la Fiscalía General de la República a pesar de las evidencias de financiamiento irregular, se hace evidente que la impunidad es una constante. Además, el reciente escándalo del fraude electoral relacionado con la elección del Poder Judicial resalta el deterioro del sistema democrático en México. Más de 50 causales de nulidad fueron ignoradas por la mayoría del tribunal federal electoral, lo que pone de manifiesto una manipulación alarmante de las instituciones.

La situación se agrava con el caso de Segalmex, donde investigaciones periodísticas han destapado irregularidades graves que implican a varios funcionarios. Ignacio Ovalle, director general de la paraestatal, ha eludido cualquier tipo de responsabilidad, incluso después de que se hicieran públicas las estafas al erario. La protección que AMLO le brindó desde el inicio del escándalo plantea serias dudas sobre la integridad del gobierno. Su decisión de trasladarlo a Palacio Nacional es una declaración clara de que la lealtad política prevalece sobre la justicia.

El panorama no mejora con figuras como Adán Augusto López, notario público de Tabasco, quien también se ha beneficiado de la misma protección en un entorno donde la rendición de cuentas parece ser un concepto vacío. La impunidad no solo se extiende a funcionarios cercanos, sino que también abraza a personajes de alto perfil, como Julio César Chávez Jr., quien enfrenta acusaciones graves de crimen organizado pero disfruta de libertad condicional por su status, cayendo en el viejo adagio de que ciertas familias están por encima de la ley.

Por si esto fuera poco, el gobierno de Sinaloa ha montado un espectáculo absurdo con la construcción de un tren de pasajeros que, hasta ahora, parece más una farsa para captar la atención pública que una propuesta viable. La presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, ha solicitado que el tren pase por su localidad, a pesar de la inexistencia de vías. Esta solicitud recuerda las promesas irrisorias de candidatos que prometen construir obras sin considerar la infraestructura necesaria. De tal magnitud es el teatro en el cual el pueblo es el principal actor y también la víctima.

Este conjunto de elementos nos lleva a cuestionar la verdadera naturaleza de la 4T. La repetición de patrones de corrupción, impunidad y falta de transparencia revela que, más que una transformación, estamos presenciando un reacomodo del poder que no promete nada nuevo. La simulación se ha convertido en la moneda de cambio de este gobierno, y el futuro de la democracia en México se encuentra en un estado crítico. Si la sociedad no toma conciencia de esto, el espectáculo continuará, y el impacto será irreparable.