La Cuarta Transformación (4T) ha dejado una huella indiscutible en el panorama económico y político de México. Sin embargo, a medida que se despliegan los resultados de sus grandes proyectos, surge una inquietante pregunta: ¿realmente creen que están creando valor para el país o son simplemente un cúmulo de promesas vacías y despilfarros financieros?

Proyectos emblemáticos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles han sido presentados, casi con un halo de salvación nacional, como pilares del desarrollo. Más allá de la retórica oficial, los hechos indican algo muy diferente. A pesar de las declaraciones optimistas del director del AIFA, el general Isidro Pastor, sobre su supuesta rentabilidad, la realidad es que el aeropuerto sigue dependiendo del erario público para garantizar su operación. Se señala que, a diferencia de otros proyectos, el AIFA ya es autofinanciable; sin embargo, la necesidad de recibir transferencias del gobierno pone en tela de juicio esta afirmación.

La situación se complica aún más cuando consideramos el impacto financiero general de la 4T. De acuerdo con los datos disponibles, la deuda pública ha escalado de 10.6 billones de pesos en 2018 a 17.4 billones en 2024, un salto del 64% que nos deja frente a un panorama preocupante. Estos recursos, lejos de ser invertidos en obras de infraestructura sólidas y productivas, han terminado en proyectos cuya viabilidad económica está más que discutida. En este sentido, el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios se ha agotado, pasando de 270,000 millones de pesos a apenas 9,000 millones, lo que indica no solo derroche, sino una planificación deficiente y una falta de transparencia alarmante.

El uso de recursos públicos para mantener la nómina y asegurar activos de empresas estatales que deberían ser autosuficientes plantea interrogantes sobre el modelo económico actual. Es difícil de aceptar que, en un contexto de crisis económica global, la administración de AMLO actúo como si no hubiese lecciones que aprender de gestiones anteriores. La pandemia sigue siendo una excusa recurrente para justificar el despilfarro, un argumento que ya empieza a sonar a viejo.

A medida que la actual administración continúa alimentando estos «grandes negocios», es evidente que la narrativa de los salvadores de la patria comienza a desmoronarse. Si el AIFA realmente genera ganancias, ¿por qué ha requerido 2,500 millones de pesos en 2024 y 1,000 millones en lo que va del 2025? Estas cifras generan más dudas que respuestas y subrayan la opacidad que rodea a los proyectos insignia de la 4T.

A pesar de su insistencia en que están trabajando por el bienestar del país, la realidad es que la corrupción, disfrazada de transformación, cobra cada vez más forma. Los macrofraudes que se camuflan tras la ideología del Estado benefactor han resultado en un clima de impunidad que beneficia a unos pocos, dejando al resto de la ciudadanía enfrentando costos y consecuencias desproporcionadas. La acumulación de riqueza por parte de magnates como Carlos Slim, mientras el país se sumerge en deudas abrumadoras, es un testimonio del verdadero rostro de esta administración.

Es imperativo que la ciudadanía esté atenta y continúe cuestionando esas narrativas construidas por la 4T. La crítica no es solo necesaria; es un deber cívico. Abordar la ineptitud y la manipulación requiere de una ciudadanía informada y activa que exija rendición de cuentas. Solo así podremos aspirar a un futuro donde el verdadero progreso y bienestar sean más que simples ilusiones.